La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno estima que unos 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva Ley de Vivienda que han pactado PSOE y Podemos, al ser los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas.
"Esa podría ser una cifra, pero hay que dejar que vaya operando el mecanismo y hacer un análisis de cómo vaya evolucionando el mercado", ha subrayado la ministra en declaraciones a Onda Cero recogidas por la agencia Europa Press y de las que se ha hecho eco el idealista.
Es una ley pensada para grandes propietarios (más de 10 viviendas) y constituidos como personas jurídicas y que no está muy clara su implantación, ya que debe ser activada por cada comunidad autónoma, ha explicado la ministra.
A los pequeños propietarios, ha dicho, la ley no les obligará a topar los precios del alquiler, pero contarán con importantes incentivos que ayudarán a contenerlos.
"No cambiaremos las cosas de un día para otro, eso está claro, pero sentamos las bases para que la situación de la vivienda cambie y no sea imposible acceder a ella, sobre todo por parte de los más vulnerables", ha subrayado.
Esas 150.000 viviendas suponen cerca del 6% del parque total de viviendas en alquiler en España. Según el Consejo General de Economistas, existen cerca de 2,34 millones de inmuebles en arrendamiento en España, mientras que los cálculos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) apuntan a que se encuentra en torno a 2,57 millones.
Serían esas 150.000 viviendas las que se verían afectadas, si todas las autonomías deciden aplicar la regulación de las rentas. Una medida que descartan las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, que ya ha anunciado su intención de llevar la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional. Por tanto, en regiones como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia no se pondrá en marcha.
Extremadura, por su parte, afirma que no tiene zonas tensionadas, por lo que no aplicaría la regulación, mientras que autonomías como Aragón y Cataluña han recordado al Gobierno central que la vivienda es una competencia autonómica y han alertado de que podrían tomar medidas si ven invadidas sus competencias.
