Los datos facilitados recientemente por el propio Gobierno de España en el Congreso de los Diputados, respondiendo a una pregunta concreta, no son nada positivos, al contrario reflejan un aumento de 2.482 delitos de ocupación en el año 2.021, un 16,78% más que en 2.020.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación exige al gobierno medidas urgentes para acabar con la ocupación y revertir la situación de todas las víctimas de la ocupación
Análisis de la situación por la Plataforma de Afectados por la Ocupación
El número de delitos relacionados con la ocupación alcanzan en valores absolutos los 17.274 en 2021, suponiendo una media de 47,3 casos diarios, aumentando 7 puntos sobre los datos del año anterior que se situaban en 40,5 casos diarios en 2020.
Estos datos no hacen más que corroborar que la ocupación sigue creciendo sin control en España, según lleva denunciando durante meses la Plataforma de Afectados por la Ocupación, mientras que las afirmaciones del gobierno, de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez siguen negando la evidencia y considerando los casos de ocupación como “residuales”, “bulos” o “alarma social”.
La Comunidad más afectada sigue siendo Cataluña, una comunidad donde parece que se ha normalizado desde las instituciones la convivencia con quienes usurpan y allanan las propiedades de otros. 7.345 casos de ocupación en 2021, un 10,50% más que en 2020. Solo Cataluña sufre el 42,5% de todos los casos que se registran en España.
El segundo puesto en este triste ranking es Andalucía con 2.557 casos, un 7,39 % más que en el período de 2020, pese a la negación de esta situación de la diputada gaditana y portavoz de vivienda del grupo parlamentario socialista del congreso de los Diputados: Eva Bravo Barco.
Pese al aumento de Madrid de un 24,25%, con un total de 1660 casos, le arrebata el tercer puesto en este ránking la Comunidad Valenciana que experimenta un importante aumento: 1.779 casos, un 33,45% más que en el año anterior.
La única nota positiva es proporcionada por Canarias, la única comunidad autónoma que experimenta un descenso de las ocupaciones pasando de 633 ocupaciones en 2020 a 495 en 2021, un 21,8% menos.
Otro dato preocupante, pese a los todavía bajos datos relacionados con las comunidades que más sufren la ocupación, son los casos de La Rioja que experimenta un crecimiento de un 192% con 27 casos en relación a los 14 del año anterior. Igualmente en Cantabria crece un 96% los casos de ocupación y en Murcia un 60,61%.
Pese al aumento de la ocupación, la Plataforma de Afectados por la Ocupación considera que estos datos siguen sin representar la dimensión real del problema de la ocupación en España.
Actualmente, los allanamientos suponen un escaso porcentaje de los delitos relacionados con la ocupación, aumentando exponencialmente las inquiocupaciones, habiéndose convertido en la forma más fácil de ocupación de una vivienda gracias a la protección del escudo social del gobierno.
Las inquiocupaciones, que provocan gravísimas consecuencias a los pequeños propietarios que la sufren, suponen el 70% de las víctimas que forman parte de la Plataforma, pese al rechazo de la consideración de este tipo de ocupación por las administraciones, la Plataforma de afectados por la ocupación estima en unas 30.000 inquiocupaciones al año.
Soluciones extrajudiciales
Igualmente, la lentitud de la justicia favorece que un afectado por la ocupación prefiera recurrir a soluciones extrajudiciales antes que afrontar los años de demora y los daños económicos y psicológicos, que recaen sobre las víctimas. Pese a no disponer de datos verificados y sin entrar en valoraciones de las formas y métodos para finalizar la ocupación (empresas de desocupación, acuerdos económicos, concentraciones de afectados...) la Plataforma considera que son varios miles de casos, que aumentarían exponencialmente los datos ofrecidos por el gobierno.
Los afectados (víctimas de ocupaciones de sus viviendas) no pueden aguantar más esta situación de desamparo y negación de una realidad durísima que las víctimas de la ocupación tienen que afrontar en soledad, luchando contra los propios ocupas, la lentitud y garantismo de la justicia hacia quienes han cometido un delito, la falta de una legislación que proteja y ampare a la víctima, la parcialidad de los servicios sociales y parte de la opinión pública que niega sistemáticamente su realidad, siguiendo los argumentos lanzados por el gobierno.
Ante esta situación piden el apoyo de toda la sociedad, clase política y opinión pública para que de una vez por todas, los afectados por la ocupación dejen de ser ignorados por el gobierno y se tomen medidas inmediatas para acabar con la escalada de ocupación así como las consecuencias que derivan en los afectados.
