Los abogados y procuradores han tenido desde mediados del pasado siglo una mutualidad obligatoria que cubría su prestación de jubilación y asistencia sanitaria entre otras prestaciones sociales, sin opción a acogerse a otro régimen.
A lo largo de los años, los sucesivos cambios realizados en el sistema “están impidiendo la jubilación de profesionales de la abogacía que ven, tras una larga carrera de cotización, como su pensión es inferior a una no contributiva” dice la moción aprobada por el Pleno.
La cobertura social de los trabajadores de la abogacía es insostenible, injusta y precaria con una escasa cobertura social que, por citar un ejemplo, no genera derecho a prestación por viudedad, orfandad o incapacidad permanente.
Esta moción que ya ha sido aprobada en otras administraciones está contando con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos.
