La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Telefónica, ante la Subdirección General de inspección y procedimiento sancionador dependiente del Ministerio de Consumo, por cargos adicionales en la factura o la imposibilidad de cancelar totalmente los servicios contratados.
Ya son varios los clientes de esta compañía que han puesto de manifiesto la disconformidad con la factura recibida, tanto en la cuantía como en los conceptos incluidos.
En algunos casos, de manera negligente o intencionada, la compañía da de baja solo parte de servicios, aunque el usuario haya contratado inicialmente en un pack, de esta manera puede seguir cobrando parte de esos servicios una vez que el usuario ha solicitado la baja, en teoría de todos ellos.
En otras ocasiones, el usuario ha solicitado la portabilidad de su número y, aun así, sigue recibiendo facturas más allá de la fecha en que se ha llevado a cabo la misma.
Estos representan una clara infracción de la legislación vigente en materia de protección al consumidor y del usuario de las telecomunicaciones.
Estos cobros improcedentes generan un perjuicio económico para los afectados, que han de realizar un gran esfuerzo burocrático para poder recuperar los importes cobrados de manera indebida.
Ante esta situación, la organización de consumidores exige un grado más de responsabilidad a este gigante de las telecomunicaciones, que obviamente tiene una dotación de recursos superior al del consumidor, que se siente vulnerable ante estos abusos.
