Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder amparándose en el derecho internacional y combinando un legalismo formal, apelaciones a la soberanía y procesos electorales carentes de garantías reales
Tras los últimos acontecimientos acaecidos en Venezuela, donde el gobierno de los EEUU, en una operación ordenada por su presidente Donald Trump, ha detenido a Nicolás Maduro y a su esposa para llevarlos ante los tribunales de New York, acusados de delitos de narcotráfico y terrorismo, la opinión internacional está dividida.
La diáspora, es decir los cerca de ocho millones de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país, para proteger sus vidas o simplemente para buscar otro lugar donde poder vivir con cierta dignidad y seguridad, están celebrando la caída del presidente Maduro, con la esperanza de que sea el principio de un cambio radical en la situación política y económica de Venezuela, lo que les permitiría volver a su país.
Reacciones
Mientras tanto a nivel nacional e internacional muchos partidos, progresistas, sindicatos, y todo tipo de organizaciones de extrema izquierda, están manifestándose en contra de esta intervención norteamericana, calificándola de intolerable por haber violado el derecho internacional y de soberanía de los pueblos.
Por otro lado los partidos conservadores y defensores de las políticas liberales, aunque no pueden aprobar la violación de los tratados internacionales sobre el respeto a la integridad territorial de los países, consideran justificada la actuación porque se ha liberado a Venezuela de un presidente que no ha podido justificar su victoria electoral en el año 2.024, simplemente porque no ganó y por eso su gobierno no ha querido enseñar públicamente las actas electorales, que según las copias mostradas por la oposición, dieron ganador al candidato Edmundo González.
Además Nicolás Maduro es el máximo responsable de llevar a su pueblo a la ruina económica, a liquidar la libertad de prensa e información libre, a secuestrar y encarcelar a miles de opositores al régimen.
Analizando la situación, el gobierno de Maduro en Venezuela constituye un caso paradigmático de cómo un régimen autoritario puede invocar el derecho internacional no para someterse a sus principios, sino para neutralizarlos y utilizarlos como una coartada de legitimidad. Bajo un discurso formalista de soberanía, legalidad y respeto institucional, el poder venezolano ha desarrollado una estrategia sistemática orientada a perpetuarse en el gobierno y a desvirtuar los procesos electorales, mientras mantiene una apariencia de cumplimiento normativo ante la comunidad internacional.
La soberanía como argumento defensivo
Uno de los ejes centrales del discurso del chavismo bajo Maduro ha sido la apelación constante al principio de soberanía y no injerencia. Frente a denuncias reiteradas de violaciones de derechos humanos, persecución política o colapso institucional, el régimen responde calificando dichas críticas como agresiones externas o conspiraciones internacionales. Este recurso retórico se apoya en una interpretación restrictiva del derecho internacional, en la que la soberanía del Estado se presenta como un escudo absoluto frente a cualquier forma de escrutinio.
Sin embargo, esta visión ignora deliberadamente que el propio derecho internacional contemporáneo —especialmente tras la Segunda Guerra Mundial— condiciona la soberanía al respeto de derechos fundamentales y al cumplimiento de obligaciones asumidas voluntariamente por los Estados. En el caso venezolano, la soberanía se invoca no para proteger al pueblo, sino para proteger al poder frente al pueblo.
Elecciones como ritual vacío
El régimen de Maduro ha conservado la celebración periódica de elecciones como pieza clave de su estrategia de legitimación. Formalmente, Venezuela mantiene un calendario electoral, un órgano electoral permanente y un entramado normativo que, en el papel, remite a estándares democráticos. Esta arquitectura institucional es utilizada para alegar cumplimiento de compromisos internacionales en materia de democracia representativa.
No obstante, múltiples procesos electorales han estado marcados por prácticas que vacían de contenido el derecho al sufragio: inhabilitación administrativa de líderes opositores, control gubernamental del Consejo Nacional Electoral, ausencia de observación internacional independiente creíble, uso sistemático de recursos públicos con fines partidistas y presión directa o indirecta sobre el electorado. El resultado es una legalidad aparente que sirve para justificar resultados predeterminados.
Desde esta lógica, el derecho internacional no es negado, sino reducido a una formalidad mínima: basta con “celebrar elecciones” para reclamar legitimidad, aunque estas no cumplan las condiciones esenciales de libertad, equidad y transparencia.
Participación internacional sin cumplimiento real
Lejos de aislarse completamente, el gobierno venezolano ha buscado mantenerse activo en foros multilaterales y en tratados internacionales. Esta participación selectiva le permite argumentar que sigue siendo parte del orden jurídico internacional, aun cuando incumple de manera sistemática las obligaciones derivadas de esos mismos instrumentos.
En paralelo, el régimen denuncia mecanismos internacionales de protección —como informes de expertos independientes o instancias de supervisión— alegando sesgos políticos, mientras promueve narrativas alternativas que relativizan la universalidad de los derechos humanos. El objetivo es claro: diluir las normas, cuestionar a los árbitros y ganar tiempo.
Consecuencias para la población
La manipulación del derecho internacional por parte del gobierno de Maduro no es un ejercicio teórico. Sus efectos se traducen en represión política, emigración masiva, empobrecimiento estructural y una profunda desconfianza ciudadana en las instituciones. Al mismo tiempo, esta estrategia erosiona el propio sistema internacional, al demostrar cómo un régimen puede violar de facto las normas mientras proclama respetarlas.
La soberanía no debe ser la aliada de la impunidad
El caso venezolano pone de relieve una debilidad estructural del derecho internacional: su dependencia excesiva de la buena fe de los Estados. Cuando un gobierno decide utilizar el lenguaje jurídico como instrumento de dominación, el riesgo no es solo la perpetuación de un dictador, sino la banalización de normas concebidas para proteger a los pueblos.
Frente a ello, la respuesta no pasa por abandonar el derecho internacional, sino por reafirmar su dimensión sustantiva. Las urnas no son solo actos administrativos; soberanía no es sinónimo de impunidad; legalidad no equivale automáticamente a legitimidad. Mientras estas distinciones no se asuman con claridad, regímenes como el de Nicolás Maduro seguirán encontrando en el derecho internacional un refugio para el abuso, en lugar de un límite a su poder.
