La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha alzado la voz para manifestar su "más absoluta indignación" ante la inminente subida de las cuotas de la Seguridad Social. El incremento, que afectará especialmente a los autónomos societarios y colaboradores, ha sido recibido como un duro golpe para un colectivo que ya se encuentra al límite de su capacidad financiera.
A pesar de que el alcance definitivo de la medida no ha sido detallado en su totalidad, desde la Plataforma señalan que los indicios apuntan a un impacto significativo. Esta presión añadida llega en un escenario de "tormenta perfecta" para los trabajadores por cuenta propia, asfixiados por el encarecimiento de los suministros, los alquileres y las materias primas.
Falta de claridad y seguridad jurídica
La principal queja de la organización radica en la incertidumbre que rodea la aplicación de estos cambios. Carmen Corredor, coordinadora nacional de la Plataforma 30N, ha sido tajante al respecto: “Estamos viendo cómo se plantean cambios que pueden afectar de forma directa a muchos autónomos sin que todavía haya una imagen completa de su alcance real. Así es difícil tomar decisiones con seguridad”.
Desde el colectivo se recuerda que los autónomos societarios ya soportan bases de cotización superiores a otros perfiles del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), sin que esto se traduzca en una mejora proporcional de sus prestaciones. Para la Plataforma, esta situación pone en entredicho la eficacia y justicia del sistema basado en ingresos reales que se intenta consolidar.
Llamamiento al Ministerio
“No se trata de estar en contra de cualquier ajuste, pero sí de que se haga con criterios claros y teniendo en cuenta la realidad de los pequeños negocios”, añade Corredor, subrayando la necesidad de que las políticas públicas no ignoren la fragilidad del tejido empresarial de menor tamaño.
Ante este panorama, la Plataforma 30N ha solicitado formalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que paralice la medida y abra un proceso de diálogo real con el sector. El objetivo es realizar una evaluación completa de las consecuencias antes de que la subida sea definitiva, evitando así decisiones que puedan agravar la ya delicada situación de miles de autónomos en todo el país.
