La investigación comenzó a principios del mes de abril, tras recibir la denuncia de un médico que aseguraba que otra persona estaba usurpando sus credenciales médicas. Éste había estado trabajando en una clínica de la capital como especialista en el área digestiva y endoscopias hasta el pasado mes de julio y en la actualidad había otro individuo que seguía pasando consulta en esa misma clínica, haciéndose pasar por él.
Una vez avanzadas las pesquisas, los investigadores pudieron comprobar que tanto en la página web del centro, como en la propia consulta física, todavía constaban los datos del denunciante, pero había otro varón atendiendo a los pacientes. Además, se pudo constatar como estos salían de la consulta con recetas y pruebas médicas prescritas con el número de colegiado del
denunciante.
Tras comprobar los datos del suplantador, los agentes pudieron corroborar que a este varón no le constaba inscripción alguna para el ejercicio de la profesión médica en nuestro país. Por tales hechos, el pasado día 22 de abril, se procedió a su detención como presunto responsable de los delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental e intrusismo profesional, pasando posteriormente a disposición judicial. En el momento del arresto, se le intervinieron dos sellos médicos, cuatro recetas y volantes para la realización de pruebas con el sello del denunciante.
De la investigación se pudo comprobar que este individuo había sido contratado por el responsable de una empresa encargada de contratar a profesionales especializados en el área de digestivo para proveer a centros médicos. Esta sociedad facturaba un tanto por ciento del importe abonado por las distintas entidades aseguradoras, tanto de las consultas, como de las pruebas médicas prescritas por sus profesionales. En esta empresa el denunciante había estado trabajando hasta el pasado mes de julio.
Desde esa fecha, el falso médico había facturado más de 1.000 citas de 784 pacientes. Por tales hechos, se procedió a tomar declaración al responsable de esta empresa como presunto cooperador necesario en los delitos falsedad documental e intrusismo
profesional.
