La investigación se inició en el mes de noviembre de 2022, tras la denuncia formulada por miembros de Alliance for Creativity and Entertainment contra los responsables de dos páginas web a través de las que presuntamente se estaba comercializando contenido videográfico que vulneraba sus derechos de propiedad intelectual.
La compleja investigación informática y bancaria practicada, unida a varias técnicas de investigación policial, permitió a los especialistas de la Unidad Central de Ciberdelincuencia acreditar que las webs investigadas se registraban, controlaban y operaban desde varias mercantiles dirigidas por el principal investigado, un ciudadano de origen neerlandés. Este hombre presuntamente lideraba un entramado empresarial y criminal, compuesto por ciudadanos afincados principalmente Gran Canaria, que aparentaba ser una estructura empresarial legítima con la que habría logrado ingresar más de 5.300.000 euros.
