Mazazo descomunal para Gustavo González. La Fiscalía Provincial de Madrid ha emitido un texto formal de acusación que apunta a una red de espionaje que operó casi diez años mediante la filtración de datos reservados de archivos policiales para dar información al extinto Sálvame, de Telecinco. Esto fue conocido como la Operación Luna, pero se le dio el sobrenombre popular de ‘caso Sálvame’.
En dicho escrito, tal y como avanza 20 Minutos, se detalla la colaboración entre miembros de la Policía Nacional, que operaban accediendo de forma ilegal a bases de datos, y Gustavo González, colaborador del desaparecido programa. Se terminó facilitando al paparazzi información de 142 famosos a cambio de beneficios mediáticos.
Detalles de la trama
El mentado medio asegura que la acusación, que engloba una trama de descubrimiento y revelación de secretos, se dirige fundamentalmente a tres individuos: un agente de la Policía Nacional que actuó sin justificación laboral alguna apoderándose de los datos reservados entre 2009 y 2018; el citado periodista, a quien se le acusa de actuar con la “intención de obtener ganancias” por revelarlas en el programa como exclusivas monetizadas; y otro agente de la Policía Nacional a quien se le acusa de colaborar en algunos puntos concretos de la trama.
Por otro lado, y aunque se mencione a otras muchas personas que interactuaron con la información, la Fiscalía no acusa a otras personas del equipo, ni a la productora, pese a que sí considera a La Fábrica de la tele como “responsable subsidiaria”. Lo que sí refleja el texto es que no se solicitan penas de prisión para Diego Arrabal (colaborador del programa), David Valldeperas (director) y la fallecida Mila Ximénez.
Víctimas y penas
El listado de afectados es interminable y contempla a un sinfín de nombres de la crónica social patria: desde el clan Pantoja hasta ‘El Yoyas’ pasando por Alfredo Di Stéfano y llegando hasta colaboradores como Belén Esteban o Kiko Matamoros. Desde el citado rotativo se asegura que a González se le imputan 127 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con ánimo de lucro, lo que sumaría un total de 447 años de prisión. Sin embargo, de ser condenado la pena máxima no ascendería a más de 15 años.
Además, la Fiscalía exige una compensación económica por el daño moral que se ha causado a las víctimas: 3.000 euros por cada una, lo que daría una cifra total de 426.000 euros que tendrán que afrontar los condenados en función del grado de responsabilidad. Sea como fuere, a la espera de la evolución del proceso y según lo dictado por la Fiscalía, el mazazo para Gustavo González es descomunal.
