La Comunidad de Madrid ha informado al Ayuntamiento de Arroyomolinos de la adjudicación de las obras de construcción de las 365 viviendas que se levantarán en el municipio en el marco del plan Vive Solución Joven y que se destinarán a los menores de 35 años de la localidad, que accederán a ellas en régimen de alquiler asequible.
"Agradezco al Gobierno regional su implicación y el intenso trabajo que ha desarrollado para que este proyecto, tan esperado por los jóvenes de Arroyomolinos, se convierta en realidad", ha dicho el alcalde, Luis Quiroga. De acuerdo con las previsiones que se manejan, las obras de edificación se iniciarán a lo largo de los próximos meses y correrán a cargo de la firma DeA Capital.
El Ayuntamiento de Arroyomolinos cedió a la Comunidad de Madrid hace un año dos parcelas de titularidad municipal que suman una superficie de 23.148 metros cuadrados con el fin de que se construyesen las mencionadas viviendas.
En el terreno de 12.000 metros cuadrados que se encuentra entre la calle La Coruña y la calle Arousa se levantará una urbanización con 205 pisos y en el solar de 11.148 metros cuadrados que se ubica entre la calle Rosalía de Castro y la carretera M-413 se edificará otra promoción de 160 viviendas. "Los jóvenes de Arroyomolinos tendrán la posibilidad de construir su proyecto de vida en su propio municipio, cerca de sus familias y en su propio entorno, tal y como nos comprometimos en su momento", ha añadido Quiroga.
La Comunidad de Madrid ha comunicado al Ayuntamiento que en las próximas semanas ofrecerá información adicional acerca de esta iniciativa inmobiliaria, pero recuerda que los solicitantes, más allá de cumplir con el requisito de edad, deberán destinar la vivienda a su residencia habitual y no podrán tener ningún otro inmueble en propiedad a su nombre en todo el territorio nacional.
Tendrán igualmente prioridad en el acceso las personas empadronadas en Arroyomolinos o que trabajen en el municipio desde hace, al menos, tres años. Otro aspecto importante es el límite de gasto, dado que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.
