Los ecos de la corrupción vuelven a salpicar de nuevo al ejército español, esta vez hemos conocido como la Justicia Militar ha procesado a 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas.
08/09/2014 | El Mundo
El juzgado Togado Militar Central número 2, dictaminaba el pasado Martes una resolución a través de la cual atribuía delitos contra la Hacienda Militar a un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y media docena de sargentos, todos estos delitos estarían penados con cárcel.
El sistema consistía en que los procesados, muchos de ellos recién licenciados en la Academia, reclamaban diferentes indemnizaciones por traslado de residencia aportando documentación”que resultan ser falsos o mendaces, al no llevarse a cabo ninguna mudanza”. De esta manera, se llegaron a embolsar entre 2.300 € y 4.000 € por cada traslado falso.
El cerebro de la trama, el teniente David Hernández Calet, era el encargado de proporcionar al resto de los implicados la documentación necesaria, llevándose cerca del 25 % del dinero conseguido por cada operación.
Según el juzgado togado militar, “durante su permanencia, primero en la Base de Cuatro Vientos (Madrid) y luego durante su estancia en el Ala 49 (Palma de Mallorca), se ofreció a los distintos militares que aquí aparecen como inculpados, en su mayor parte tenientes recién salidos de la Academia, para conseguirles presupuestos de distintas empresas de mudanzas, así como facturas falsas, para con ellas poder obtener éstos, de forma fraudulenta y sin la realización material de mudanza alguna, la indemnización por traslado de residencia”, para ello el teniente Calet contaba con la ayuda del capitán C.B.M.
La trama ha llegado a implicar a un cargo del Estado Mayor del Aire, donde el comandante Ignacio María Dávila Torres llegó a embolsarse algo más de 4.000 € en noviembre de 2011.
El artículo 189 del Código Penal Militar castiga el delito contra la Hacienda Militar con penas de uno a 10 años de cárcel cuando el dinero obtenido ilegalmente se destine, como en este caso, al lucro personal. El juez mantiene a los procesados en libertad provisional al estimar que, dado que las cantidades defraudadas fueron bajas, es previsible que la pena se aplique en su tramo inferior. El juzgado ha descartado finalmente procesarles también por el delito de deslealtad que se les imputaba, al entender que la pena del delito contra la Hacienda Militar ya castiga la falta “de probidad y seriedad del militar”.
