Las 308 plazas de las instalaciones de Los Batanes (Rascafría), Villacastora (Cercedilla) y El Escorial (San Lorenzo de El Escorial) despiden hoy a los últimos usuarios, que a partir de ahora se trasladarán a dos hoteles de Becerril de la Sierra por decisión del Gobierno central, responsable del programa de acogida.
Los primeros refugiados llegaron a estos establecimientos el pasado 13 de marzo, y durante este periodo, han recibido también atención social, psicológica y educativa, proporcionada por el personal de Cruz Roja. Además, han participado en actividades lúdicas y culturales organizadas por el Ejecutivo autonómico. La inmensa mayoría de los usuarios han sido mujeres y menores de edad, aunque también han permanecido en estos albergues casi un centenar de hombres y numerosas mascotas.
Tras el parón navideño, estas instalaciones volverán a reintegrarse en la actividad habitual de la red. Junto al de las Dehesas, también en Cercedilla, ofrecen 378 plazas -20 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida- en las que pueden alojarse madrileños de todas las edades por un precio muy económico y proporcionan un espacio ideal para la realización de actividades educativas, deportivas, medioambientales y de ocio.
Además de estas plazas, el Gobierno madrileño puso en marcha desde el comienzo de la invasión rusa un dispositivo centralizado en la Oficina de Atención y Ayuda a los desplazados ucranianos -que ha estado ubicada en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal y ahora se encuentra en la Gran Vía de la capital que ya ha dado cobertura a más de 16.600 personas.
Hasta finales de noviembre este recurso ha activado 66.857 servicios a los refugiados, entre los que cabe destacar la entrega de 15.198 tarjetas sanitarias; 13.779 de transporte; la escolarización de 6.118 niños, y las gestiones en las oficinas de empleo de 2.767 personas, 679 de las cuales ya se encuentran trabajando.
Además, los refugiados que carezcan de recursos económicos pueden solicitar hasta el próximo 31 de diciembre una ayuda mensual de 400 euros para facilitar la cobertura de las necesidades básicas. Esta prestación, que se incrementará en 100 euros por cada menor a cargo, se podrá prolongar durante un máximo de seis meses.
