La denuncia se suma a la ya presentada por otros 26 familiares de 10 residencias de Madrid. En esta ocasión la querella es secundada por 25 familiares de centros de Alcorcón y Leganés.
Los denunciantes apuntan al consejero Enrique López por su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia, Interior y víctimas que se celebró el pasado 20 de abril.
El consejero llegó a afirmar que las residencias estaban medicalizadas, y que a partir del decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque “eran competencias del Gobierno central”.
“Una falsedad”, a juicio de los familiares denunciantes, porque el decreto de estado de alarma dejaba claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid.
Los familiares les acusan de presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante, todos ellos imputables a la presidenta madrileña, los dos consejeros y los responsables de estas cinco residencias.
Piden también al Juzgado que en estas causas comparezcan como testigos el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; la exdirectora de Salud Pública, Carmen Fuentes; y el exdirector de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, entre otros.
La Marea de Residencias amplía a su vez las denuncias al director de la Residencia de Alcorcón, y a las siguientes residencias del municipio de Leganés: Aralia Servicios Sociosanitarios-Parque de los Frailes, DomusVi-Leganés, Amavir-El Encinar y Vitalia Home-Leganés.
