Opinión

El Gobierno, en lugar de derechos, elige el camino abolicionista

El 2 de junio es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. En España, este año el aniversario que reivindica los derechos de quienes han optado por trabajar en el sector del sexo de pago es aún más sensible que en años anteriores. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que quiere abolir la prostitución. Según datos de Escort Advisor, el primer buscador de escorts con opiniones reales de Europa, sin embargo, el número de escorts que eligen libremente esta profesión crece de manera constante.

Actualmente, las trabajadoras sexuales viven en el limbo, la prostitución no es ilegal, pero tampoco es legal porque no hay regulación. Sánchez ha propuesto en repetidas ocasiones que la nueva ley de sexo remunerado llegue al final de su gobierno, en 2023. Es decir, tratar de anular el fenómeno de la prostitución en lugar de otorgar derechos a las trabajadoras sexuales, lo que les permitiría acceder a la seguridad social, beneficiarse de ayudas estatales y regular los contratos con los clientes.

Un primer paso que ha suscitado polémica ya se ha dado con la aprobación del Congreso a la ley del “solo sí es sí”, centrada en el consentimiento, pero que también contiene un artículo dedicado a la publicidad. De hecho, la ley prohíbe la publicidad sexual por considerarla ofensiva a la dignidad de la mujer. Para el gobierno, la prostitución es "siempre una forma de violencia" y la considera a la par del tráfico de seres humanos.

Los datos

Los datos, sin embargo, perfilan una realidad muy diferente: en España el 32,1% de los hombres reconoce haber recurrido al sexo de pago según datos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Tener un censo preciso del número de escorts es muy difícil, oscilando entre unas 100-120 mil (suma de los datos oficiales facilitados por las comunidades autónomas) hasta las 400 mil trabajadoras sexuales en activo. Ya en 2005 un estudio encargado por el Ministerio de Trabajo sobre el "posible impacto que tendría una posible normalización profesional de la prostitución" en el mantenimiento del sistema de pensiones, estimaba que unas 113.100 mujeres podrían darse de alta en la Seguridad Social si se legalizara la prostitución.

Los datos de Escort Advisor confirman también la gran difusión del sexo de pago: en un año (considerando los meses de abril de 2021 y 2022) el número de escorts que se anuncian online en España ha aumentado un +18,5%. Por otro lado, considerando los primeros cinco meses de 2021 y 2022, el crecimiento correspondiente es de un +42,4%.

El mundo del sexo de pago es más complejo de lo que plantea el gobierno, que no considera todas las variables del fenómeno, en especial la libertad de las mujeres para elegir su actividad profesional.

Las asociaciones que han defendido los derechos de las trabajadoras sexuales durante años han explicado que, para la mayoría de ellas, el sector del sexo remunerado es una elección consciente y libre, consideración muy alejada de la lógica de explotación que quiere perseguir el gobierno. La propuesta de las asociaciones a nivel internacional se reduce a ser escuchadas y poder trabajar junto a las instituciones para garantizar la protección a las mujeres víctimas de trata, pero también para garantizar la dignidad laboral de aquellas que quieren trabajar a través del sexo de forma remunerada.

Comentarios