La Policía Nacional ha detenido a cinco empresarios por un presunto delito contra los derechos de trabajadores en locales de masajes y cosmética al constatar la explotación laboral a sus empleadas, donde incluso había incluso situaciones de prostitución al dar servicios con 'final feliz'.
Según fuentes policiales, los detenidos son tres mujeres (dos de origen chino y una de origen colombiano con nacionalidad española y dos hombres (ambos de nacionalidad china). La actuación se ha extendido por nueve distritos de la capital: Chamberí, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Tetuán, Vallecas, Usera, Latina y Carabanchel.
Según ha informado Jefatura Superior de Policía en un comunicado, la investigación se inicio contando con el apoyo y colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, dentro de un dispositivo de lucha contra el empleo irregular y la inmigración ilegal.
Para ello se realizaron inspecciones en más de 40 establecimientos de estética, manicura y masajes ubicados en nueve distritos de la capital, donde se ofertaban a clientes manicuras y masajes con 'final feliz' (servicios de carácter sexual).
La investigación no ha podido demostrar de momento que las empleadas fueran obligadas a ejercer servicios de prostitución, según indican fuentes policiales consultadas.
Los establecimientos ofertaban servicios de estética, manicura y masajes pero bajo esa "apariencia de normalidad" encubrían actividades de prostitución conocidas como 'masajes con final feliz'.
En el transcurso de la investigación los agentes detuvieron a cinco empresarios como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Por su parte la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó 16 actas por diferentes infracciones en el ámbito de sus competencias. Tras su detención los empresarios han pasado a disposición de la Autoridad Judicial que decretó la libertad con cargos para todos ellos.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
