La investigación arrancó el pasado mes de enero tras detectarse un aumento de denuncias en las que los afectados indicaban que, tras serles sustraídas sus tarjetas bancarias, comenzaban a recibir cargos fraudulentos en sus cuentas, que se repetían de manera persistente y siempre efectuados desde los mismos comercios.
Los agentes averiguaron que los detenidos, uno de los cuales era propietario de un comercio de alimentación de una céntrica calle de la capital madrileña, consentían que las personas que habían hurtado las tarjetas de crédito realizasen cargos fraudulentos.
Realizaban pagos por importes en los que no era necesario introducir el número PIN hasta que, tras practicar varias operaciones, la tarjeta era denegada por el servidor bancario.
En el momento del registro, fueron localizadas más de 30 tarjetas bancarias sustraídas, ocho datáfonos y numerosa documentación relacionada con la presunta estafa que estaba siendo ejercida desde este comercio. Los investigadores han conseguido esclarecer 147 denuncias que habrían sido interpuestas por los afectados de esta actividad delictiva. El beneficio obtenido por los establecimientos superó los 135.000 euros.