Beijing está implementando nuevas formas de control de sus ciudadanos más allá de sus fronteras que ahora están siendo revisadas por los gobiernos extranjeros, entre ellos, España, uno de los países donde se localizarían el mayor número de estas "oficinas de policía secretas".
Según la agencia NGO de defensores del pueblo, se ha conocido que China está implementando una política secreta por la cual habrían instalado hasta 54 oficinas de policía secretas a lo largo de los cinco continentes, 25 ciudades y 21 países, desde el 21 de junio.
Estas oficinas de policía se habrían creado bajo el objetivo de combatir el crimen transnacional, especialmente en el sector de fraude en telecomunicaciones, un delito por el cual se han detenido a la mayoría de los presos de origen chino en el extranjero. Aunque cuentan también con otras funciones más burocráticas como la renovación de la licencia de conducir en China. Según ha revelado NGO, las técnicas de China para cazar a los sospechosos se basaban en coaccionar a las familias y personas cercanas de los fugitivos y delincuentes para que los "convenciesen" para volver a China por su propio pie.
La mayoría de estas oficinas de policía chinas se localizan en Europa, y España ostenta el puesto número uno de los países con más comisarías ilegales: un total de 9, repartidas por Madrid (tres), Barcelona (tres), Valencia (dos) y Santiago de Compostela (una). En segundo lugar se lo llevaría Italia, con un total de cuatro oficinas.
China nunca ha hecho las cosas "al azar", y cada pequeño movimiento, cada paso que dan, está perfectamente calculado. El hecho de que utilicen las técnicas de persuasión y coacción para hacer que estos regresen voluntariamente a China, y así evitarse normas internacionales de protección legal de los acusados.
"Estas operaciones evaden la colaboración bilateral de la policía y violan la ley internacional de protección judicial, así como la integridad territorial de los terceros países involucrados cuando se utilizan este tipo de mecanismos ilegales", aseguraba el informe de NGO. "Ignorando la presunción de inocencia de los acusados, acercándose a los familiares y niños que viven en China y acusarlos de "daños colaterales" o supuestos cómplices, utilizando amenazas e intimidación para que los sospechosos en el extranjero cedan a sus peticiones y vuelvan al país, se está convirtiendo en un problema endémico grave".
"Da igual que los objetivos sean disidentes, oficiales corruptos o criminales de bajo nivel, el problema sigue siendo el mismo: el uso de métodos irregulares contra individuos y sus familias en China, que atentan contra los derechos básicos de la persona".
Según el periódico español 'El Correo', un diplomático chino escurría el bulto al asegurar que: "En un conflicto bilateral, Europa siempre pone más problemas para extraditar ciudadanos Chinos. No veo el problema en presionar a dichos delincuentes a que se enfrenten a la justicia...".
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino: "Los mecanismos chinos de respeto y enjuiciamiento civil se basan en las normas internacionales y respetan fielmente la soberanía de los demás países". Pero, la realidad es que China, a través de estas oficinas policiales ilegales en el extranjero, están evadiendo sus responsabilidades para con la justicia internacional y las leyes de protección de los ciudadanos.
