Dicha resolución recogía la obligación de iniciar un proceso de reclamación de daños y perjuicios contra la entidad y por el que se abrió un expediente de daños y perjuicios cuantificado en 356 millones de euros.
Tras conocerse que el TSJM acordó anular la orden, Posse ha asegurado que el PP regional "esperó demasiado tiempo para resolver el contrato" y que, por eso, "finalmente la empresa privada no tiene que indemnizar a los ciudadanos por no cumplir el pliego", tras ganar la demanda, "algo dantesco".
La primera edil ha subrayado que esto se debe a la "ineficaz" gestión de los 'populares' que ya iniciaron con errores al aprobar un proyecto como este "sin unirlo" a la red de Cercanías. "Tras ello, lo privatiza y, varios años de molestias a los mostoleños más tarde, pierde la indemnización a la que tenían derecho los ciudadanos por un desembolso millonario que no ha servido para nada", ha recalcado.
El conflicto se originó tras la paralización de las obras en 2010 y el posterior proceso de liquidación de Cemonasa, vinculada al grupo OHL. La Comunidad de Madrid estableció una serie de cuantificaciones sobre los gastos derivados a la Administración, como la redacción de estudios de viabilidad, las tareas de preparación del contrato, el tiempo dedicado a funcionarios, las labores de asesoría, la puesta a disposición de los terrenos y la inspección y control de la obra.
Aparte, se estimaban conceptos como el impacto de la no puesta en marcha del tren en el tráfico rodado y las repercusiones medioambientales de la paralización de las obras, "causas imputables" a la concesionaria.
Por su parte, desde la entidad indicaban que en 2015 pidieron la resolución del contrato con una reclamación por daños y perjuicios a la Comunidad de Madrid por valor de 370 millones de euros.
El TSJM falló la semana pasada en favor de la concesionaria en el contencioso que mantenía con la Comunidad de Madrid por las obras inacabadas del tren de Cercanías que debía unir Móstoles y Navalcarnero, y ha eximido a la constructora del pago de 356 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
