La Comunidad de Madrid y Getafe destinarán 225.592 euros a teleasistencia

El Gobierno municipal de Getafe ha aprobado el borrador de agenda de prórroga del convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el desarrollo del servicio de teleasistencia en 2018 por 225.592 euros, la mitad que el pasado año, que prestará la empresa Quavitae.

El servicio lo financiará en un 65% la Comunidad de Madrid y el resto lo pondrá el Ayuntamiento de Getafe. En concreto, 78.957 euros de las arcas municipales recibirá Quavitae Servicios Asistenciales SAU, al ser ésta la empresa contratada actualmente por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la prestación del servicio de teleasistencia en Getafe.

En 2016, el Gobierno municipal trasladó a la Comunidad de Madrid la necesidad de aumentar el tope, o eliminarlo directamente, de los terminales de teleasistencia para las personas dependientes porque este límite (475 terminales) estaba provocando una lista de espera de cerca de 800 vecinos de Getafe con esta necesidad.

La teleasistencia es una modalidad técnica de atención domiciliaria que tiene por objetivo potenciar la autonomía del usuario en su propio entorno, en casos de enfermedad y aislamiento, mediante unos dispositivos de alarma que se pueden utilizar en caso de necesidad.

Consta de un equipamiento de comunicaciones e informático específico, situado una parte en el domicilio del usuario y otra en un centro de atención, dotado del soporte tecnológico y de los recursos humanos necesarios para la prestación del servicio.

Los servicios sociales municipales son quienes comunican a la empresa adjudicataria los usuarios que podrán beneficiarse de la teleasistencia, cuyos dispositivos se tendrán que instalar en los domicilios en un plazo de quince días.

Además, la empresa deberá exigir a su personal la firma de un compromiso de confidencialidad y secreto respecto a los datos de carácter personal a los que tengan acceso con ocasión de la realización del servicio, y se responsabilizará de la adecuada custodia de la documentación que contenga esos datos, debiendo ser destruida tras la finalización del contrato.

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