El Gobierno municipal de Getafe ha aprobado abrir un nuevo expediente contradictorio para determinar la cuantía y naturaleza de los daños y perjuicios sufridos por el contratista Dragados, S.A., como consecuencia de la suspensión hace más de dos años de las obras de construcción del Centro Europeo de Artes Escénicas y Audiovisuales en la calle Madrid.
También se ha acordado declarar la caducidad del primer expediente abierto por acuerdo de la Junta de Gobierno del 12 de septiembre de 2016, al transcurrir el plazo máximo establecido por ley.
La alcaldesa Sara Hernández anunció en noviembre de 2016 que el Ayuntamiento tendría que indemnizar con 460.000 euros a la empresa Dragados tras rescindir el contrato para construir el teatro de la calle Madrid, cuyas obras se paralizaron por deficiencias.
Hernández aseguró que la indemnización por rescisión de contrato "es consecuencia de la nefasta gestión que realizó el anterior Gobierno municipal" y está fijada en el propio texto que se firmó cuando se adjudicaron las obras en 2014 por 2,4 millones de euros.
También recordó que la empresa constructora no pudo llevar a cabo el proyecto porque "estaba mal elaborado y mal redactado, y no contemplaba elementos básicos para una infraestructura cultural, como la insonorización o la evacuación en caso de emergencia", lo que provocó la rescisión del contrato y la elaboración de un nuevo proyecto.
La redacción original del proyecto requería unas modificaciones superiores al 26% del mismo para poder continuar las obras, "lo que es superior al límite legal que establece la ley", por lo que se adjudicó hace casi un año la elaboración de otro nuevo a San Juan Arquitectura S.L. por 25.467 euros, que debía ser entregado en el plazo de un mes desde la firma del contrato.
Hasta el momento, tan sólo se ha ejecutado el 22% de las obras del teatro, después de que en enero de 2015 la dirección facultativa informó al anterior Gobierno de la necesidad de aprobar nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto, tras realizarse los trabajos de excavación y cimentación, al encontrar una estructura muy antigua.
"Ante esta petición, la Junta de Gobierno de Juan Soler, del Partido Popular, no aprobó absolutamente nada, mirando hacia otro lado como si el paso del tiempo fuera una solución a los problemas", señaló la alcaldesa.
Con el actual Gobierno Municipal, en julio de 2015, se suspendieron las obras "porque la propia empresa así lo solicitó, por falta de pago del Gobierno del PP de las certificaciones de los trabajos realizados hasta ese momento, que fueron aprobadas posteriormente en el Pleno de diciembre de 2015 por un importe de 740.000 euros".
