“Es totalmente improcedente que los propietarios particulares tengan que seguir haciendo frente al pago de impuestos mientras no pueden utilizar sus casas al estar ocupadas”, comentaba el portavoz, insistiendo que “los propietarios particulares están desamparados ante procedimientos de larga duración”.
En este sentido, el portavoz naranja, ha destacado que “es necesario actuar en defensa de la ley, de la propiedad privada y del derecho a una vivienda digna. Pero también es necesario actuar en beneficio de quien sale perjudicado económicamente en el supuesto de una ocupación ilegal, el propietario particular de la vivienda usurpada”, afirmando también que “una vivienda ocupada ilegalmente y denunciado el hecho ante la autoridad competente, de no ser restablecida rápidamente dicha propiedad, anula el derecho al uso de la misma por parte de sus legítimos propietarios, por falta de una legislación más severa al respecto y de determinación de los poderes públicos” concluía Guillermo Alegre.
