Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Parla, Pinto y San Martín de la Vega ponen en común los problemas que genera la inacción del Gobierno de Díaz Ayuso.
Ocho meses después de su llegada a la Puerta del Sol, la presidenta regional no se ha reunido aún con ninguno de estos regidores. Durante el encuentro y debido a este extremo, las alcaldesas y alcaldes, han decidido solicitar dicha reunión al vicepresidente regional, para trasladar las necesidades de cada municipio.
En el encuentro, celebrado en Getafe, participaron además de la alcaldesa local, Sara Hernández, la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés; el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala; el alcalde de Leganés, Santiago Llorente; la alcaldesa de Moraleja de Enmedio, Valle Luna; el alcalde de Parla, Ramón Jurado; el acalde de Pinto, Diego Ortiz; el primer teniente de alcaldesa de Móstoles, David Muñoz; el primer teniente de alcalde de San Martín de la Vega, Sergio Neira; el portavoz del Gobierno Municipal de Móstoles, Alejandro Martín, y la diputada regional Cristina González.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha destacado que el encuentro “era necesario y ha sido fructífero. Esta fuerza que representa al 20% de los madrileños y madrileñas va a llegar hasta la Puerta del Sol. Estamos cansados de la desidia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con nuestros vecinos y vecinas”.
Hernández ha aclarado que se trata de la primera reunión de este tipo, pero que habrá más. “En un próximo encuentro elaboraremos un documento que se convierta en la hoja de ruta que siga la fuerza del sur y no pararemos hasta que la Comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones. El gobierno de Ayuso tiene que poner recursos para equilibrar la región, de manera que existan las mismas oportunidades en el sur que en otras zonas”.
Las conclusiones de esta reunión van desde la falta de interés en satisfacer las necesidades básicas de los madrileños y madrileñas del sur, hasta la dejadez de competencias de la Comunidad de Madrid en la mayoría de sus ámbitos, pasando por la improvisación de proyectos que solo rellenan titulares y nunca ven la luz.
Las alcaldesas y alcaldes, han criticado los problemas que está generando esta inacción en ámbitos como el desarrollo económico. El sur de Madrid es el polo industrial más importante de la región, sin embargo la falta de inversiones en infraestructuras, conexiones y formación para el empleo, supone la pérdida de oportunidades y de
inversiones privadas que se traducirían en un mayor crecimiento económico y la creación de más puestos de trabajo de calidad. El Plan Madrid Activa Sur no existe, es inoperante y apenas se han realizado acciones que beneficien al tejido industrial.
En este aspecto, la deficiente gestión del transporte público, también afecta de una forma discriminatoria a los municipios del sur. Estas circunstancias supone que la movilidad entre estos municipios, así como con la capital, se vea lastrada y condicionada a la falta de políticas públicas, priorizando el Gobierno regional los vehículos privados y la contaminación por encima de la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida.
En materia de seguridad, mientras los datos de delincuencia se han incrementado en la Comunidad de Madrid en el último año, sigue pendiente un compromiso firme que garantice en el tiempo las BESCAM como apoyo a las Policías Locales de los municipios.
La sanidad pública, sigue estando condicionada a las políticas privatizadoras de la Comunidad de Madrid, que cada ejercicio favorece más la externalización de los servicios a empresas privadas. La falta de camas en los hospitales; las largas listas de espera; la escasez de profesionales en los centros de salud; el recorte de los horarios de atención o el colapso de algunos servicios médicos son habituales en el sur de Madrid, proyectando un sanidad pública que no está a la altura de lo que se merecen sus vecinos y vecinas.
La educación pública continúa sufriendo la construcción de los centros escolares por fases, obligando a los menores y sus familias a vivir con las obras y eternizando durante años la finalización de las mismas. Además, no se atienden las nuevas peticiones de centros públicos, a pesar de que los municipios han constatado su necesidad con datos demográficos.
Las personas dependientes y en exclusión social sufren la doble discriminación de la Comunidad de Madrid, cuyas competencias son en la mayoría de casos suplidas por los recursos humanos y económicos de los propios ayuntamientos. La necesidad de no dejar desatendidas a muchas familias, supone que no se puedan realizar otras inversiones, que en conjunto significaría un espaldarazo definitivo para la inclusión social de las
mismas.
Estas y otras muchas cuestiones continúan sin resolverse por parte del Gobierno Regional a pesar de ser suyas las competencias, sin que exista para ello justificación o explicaciones. La presidenta regional no conoce el sur de Madrid y lo único que ha demostrado hasta ahora es desidia, dejando de lado las necesidades de más de
1.200.000 de madrileños y madrileñas.
