El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha anunciado que llevará al próximo Pleno Municipal una iniciativa solicitando la creación de una Comisión Plenaria que investigue los procedimientos de contratación y adjudicación llevados a cabo desde el gobierno de la ciudad del inmueble propiedad de la exdirigente socialista Francisca Sauquillo que, en el actualidad, se dedica a la ‘Casa de la Mujer’.
Dicen tomar esta decisión tras haber sido ignoradas las diferentes peticiones de información que han hecho al respecto de este polémico asunto por diferentes vías: preguntas en el Pleno (19/11) y escrito remitidos a Alcaldía (16/12) y que en ambos casos no han recibido respuesta.
La reclamación de Vox se basa en una información periodística del 5 de noviembre del pasado año que advertía de que "el Ayuntamiento de Fuenlabrada paga 43.200 euros al año por la casa de una exdirigente del PSOE". En la información se detallaba como desde el Consistorio se le paga desde hace años una renta mensual a la exdirigente socialista Francisca Sauquillo por una vivienda convertida en 'Casa de la Mujer' a 70 metros de otro inmueble que se dedica para el mismo fin”.
Asegura la portavoz de Vox en Fuenlabrada, Isabel Pérez, que desde el 6 de noviembre hasta la celebración de este Pleno del mes de enero han transcurrido más de dos meses y todas la solicitudes ordinarias que han presentado durante estas semanas han caído en saco roto, y entiende que los vecinos de Fuenlabrada tienen todo el derecho a conocer siempre a qué se dedican sus impuestos, aunque sea a pagar una renta, casi convertida en vitalicia, de 43.000 euros a una compañera de partido que asegura dedica ese dinero a una Fundación de la que el exalcalde Manuel de la Rocha, también socialista, es directivo.
Además las explicaciones dadas por Francisca Sauquillo entran en contradicción con lo que expone la nota simple del Registro de la Propiedad.
Por todo ello su grupo municipal entiende que el gobierno socialista de la ciudad ha tenido tiempo más que suficiente para poder ordenar, clasificar y hacerles llegar dicha información en aras de la exigible transparencia y bien hacer que se les supone a los gestores de lo público.
