El rector de la URJC, Javier Ramos, ha denunciado los hechos, durante la celebración del claustro de la universidad para informar de las conclusiones de la labor de auditoría que se ha realizado en los centros de la institución.
Por otro lado, han explicado fuentes de URJC en relación a la información adelantada por la Cadena Ser, se han completado las conclusiones de la auditoría del extinto Institudo de Derecho Público que dirigió el catedrático ya fallecido Enrique Álvarez Conde, uno de los principales implicados en el caso Máster.
El informe de auditoría ha corroborado las sospechas de irregularidades contables en este organismo cuyo informe se remitirá al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid que instruye la causa por presunta malversación en el IDP, tal y como denunció la propia URJC.
En el caso del Centro Integral de Formación Permanente de la URJC, la auditoría ha detectado una serie de incumplimientos de la normativa y de las funciones de control de gasto que podrían implicar un "grave" perjuicio para las arcas de la propia universidad. Por tanto, se ha remitido esa información al Ministerio Público para que decida si es pertinente abrir una investigación para depurar posible comisión de delitos.
Las mismas fuentes han detallado, por ejemplo, que este centro compartía dos trabajados con el extinto IDP. El Centro de Formación Permanente organizaba cursos no oficiales en colaboración con empresas externas.
La URJC ha iniciado ya un proceso de transformación de este centro para que sea de gestión interna de cara a desplegar actividad formativa propia de la universidad. Desde la institución se procedió a hacer una auditoría de todos sus centros, con especial atención a los que tenían CIF propio como se detectó en el IDP. Así, se revisó también el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, donde el estudio perifial ha determinado que todo está correcto.
La universidad que dirige Javier Ramos con estas auditorías ha completado todo el proceso de escrutinio de los centros propios y adscritos de la URJC, con lo que se inicia "una nueva etapa", han enfatizado las mismas fuentes.
El rector de la URJC presentó en mayo del año pasado una denuncia por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público.
Lo decidió tras las "graves irregularidades económicas" en la gestión de este ente ya extinto y que se desprendían en la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.
Un informe elaborado por el que fuera director provisional del ente tras la salida de Álvarez Conde del IDP, Pablo Acosta, "destapaba" que el Instituto "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial".
"Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco", rezaba el informe.
La muerte del exdirector del catedrático Enrique Álvarez Conde implica que "decaiga" su presunta responsabilidad penal en la causa sobre posible malversación de fondos públicos, según explicaron fuentes jurídicas.
