Ante la reciente intoxicación por salmonella de alrededor de 40 personas que consumieron tortillas en el conocido restaurante madrileño, Casa Dani, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda el derecho de los consumidores a pedir una indemnización. Sea cual sea la causa de la intoxicación, el importe de la indemnización deberá contemplar, al menos, el número de días que no se ha podido acudir al trabajo, bien por estar de baja o por el cuidado de un familiar directo, sobre todo si es un niño o una persona mayor que no pueda valerse por sí misma.
Igual que se hace con una compra, OCU recomienda guardar siempre el ticket del establecimiento donde se haya comido, al menos una semana: algunas intoxicaciones tardan hasta cinco días en manifestarse
Entre los documentos a presentar, el afectado deberá recabar un informe médico que recoja la fecha y la gravedad de los síntomas de la intoxicación, además de un parte médico de baja (si lo hubiera) y el ticket o la factura de la comida realizada, sobre todo si se pagó en efectivo, ya que el pago con tarjeta se registra en la entidad bancaria. De hecho, igual que ya se hace con las compras de productos, OCU recomienda guardar siempre el ticket del establecimiento donde se haya comido, al menos durante una semana: algunas intoxicaciones tardan hasta cinco días en manifestarse.
Si no se llega a un acuerdo amistoso con el establecimiento donde se produjo la intoxicación, el consumidor puede elevar la demanda a la vía judicial; para reclamaciones por un importe inferior a 2.000 euros no es necesario contratar abogado ni procurador. Y no está de más denunciar los hechos ante la Consejería de Sanidad o la de Consumo para que levanten acta de los hechos, investiguen la posible intoxicación e impongan la pertinente sanción administrativa.
OCU solicita además a las administraciones autonómicas que, tal y como ya se hace en otros países europeos, se hagan públicos los resultados de inspección sanitaria de los establecimientos de restauración colectiva, por considerar que se trata de un derecho básico a la información del consumidor.
