Este estudio parte de la afirmación de que Madrid es la Comunidad Autónoma con el Producto Interior Bruto (PIB) más alto y la más rica del Estado y presenta tres conclusiones principales: existe una "desigualdad estructural" en el territorio con un aumento de la pobreza y una menor protección a los ciudadanos; la atención a la dependencia ha generado unos "malos" resultados, hay desconfianza, opacidad y una "pésima" gestión por parte de las administraciones; y por último, la Comunidad presenta unos servicios sociales "debilitados", "ampliamente" privatizados y con escasa capacidad protectora.
En cuanto a la desigualdad y al aumento de la pobreza, se considera que una persona está en situación de riesgo de pobreza cuando percibe unos ingresos iguales o inferiores a 8.522 euros anuales por persona.
Así, los datos de la región muestran que 1 de cada 5 madrileños es pobre en Madrid, además de que 270.000 niños están en situación de pobreza con una tasa del 27,3 por ciento y que se sitúa por encima de la media regional que se encuentra en 20,6 por ciento. Concretamente, esta situación afecta de una manera más acentuada al género femenino ya que el 53 por ciento de las personas pobres son mujeres.
De esta manera, los indicadores básicos de pobreza muestran que el 4,2 por ciento de los hogares madrileños no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días y que la pobreza afecta de una manera más significativa a las familias monoparentales o monomarentales con una tasa general del 47 por ciento, más de 20 puntos por encima de la media de Madrid, y que afecta principalmente a las familias encabezadas por mujeres.
Si se desglosan estos datos, se puede ver como 857.000 familias madrileñas, es decir, el 33,3 por ciento de los hogares, viven de una prestación social de las administraciones. Así, casi la mitad de los trabajadores en paro son pobres. Sin embargo, de los ocupados también un 12,5 por ciento viven en situaciones de pobreza.
De esta forma, el 60 por ciento de las personas desempleadas no tienen ningún tipo de protección. Frente a ello, se puede analizar la Renta Mínima de Inserción (RMI) que ofrece la Comunidad que desde CCOO consideran "insuficiente y precaria". Se trata de una cantidad de 468 euros de media y de las que el 66 por ciento se rechazan o se deniegan. Concretamente, en 2017 fueron 35.483 familias las que recibieron la RMI.
Ante esto, la secretaria de Política Social y Diversidad en Madrid, Ana González, ha destacado que se trata de una medida "debilitada" y que es "incapaz" de paliar la desigualdad, ya que genera pobreza y se ha llevado a cabo una "mala gestión" por parte de la administración.
Asimismo, si se compara Madrid con otras regiones del país, registra una mayor desigualdad que la media española con una tasa de pobreza o exclusión social del 20,6 por ciento, un dato que es menor en otras Comunidades con un PIB alto como es el caso de Navarra con una tasa de pobreza del 13,5 o País Vasco con una 14,5 por ciento.
También la desigualdad, medida por el coeficiente GINI, es ligeramente superior en Madrid que en la media nacional y alcanza los 35,1 frente al 34,1 del total nacional.
En cuanto a los datos de atención a la dependencia en Madrid, muestran que está por debajo de la medida estatal en casi todos los indicadores que miden el impacto de esta materia. Así, de las 161.368 personas con derecho a recibir esta prestación, casi 20.000 no las recibe.
En este sentido, han destacado la aplicación del "modelo ideológico" en la gestión de estas políticas ya que existe una apuesta por ofrecer prestaciones y no mejorar los servicios, con un 57 por ciento frente al 43 por ciento que representan estos últimos. Así, se apuesta por las prestaciones económicas y el 'cheque-servicio' frente a los servicios como la atención residencial.
