¿Salud pública o beneficio empresarial? Guerra política en Fuenlabrada por el impuesto del nuevo centro de protonterapia
Fuenlabrada se ha convertido en el escenario de un tenso enfrentamiento político que tiene como trasfondo una infraestructura sanitaria de vanguardia: el nuevo centro de protonterapia que se construye en el Hospital Universitario de la ciudad. Lo que debería ser una noticia de consenso por su importancia en la lucha contra el cáncer, ha derivado en un cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el Gobierno local (PSOE) a cuenta del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).
El PP denuncia un "doble rasero" y falta de sensibilidad
La polémica saltó cuando el Partido Popular de Fuenlabrada denunció que el Gobierno de Javier Ayala ha rechazado aplicar una bonificación del 50% en el ICIO para la construcción de este edificio. Según la formación liderada por Ana Millán, la propia ordenanza municipal permite rebajas fiscales para obras declaradas de "especial interés o utilidad municipal".
"Estamos hablando de una instalación sanitaria que puede salvar vidas. Si esto no es de interés público, ¿qué lo es?", cuestionó Millán. Desde el PP califican la decisión de "injustificable" y acusan al Ayuntamiento de aplicar un doble rasero, asegurando que se conceden beneficios fiscales a otros proyectos mientras se le niegan a un centro destinado a pacientes oncológicos. Para los populares, el informe técnico que limita el interés público a la rehabilitación de viviendas es una excusa sin base objetiva que espanta la inversión sanitaria.
La respuesta del Gobierno local: "La bonificación es para la empresa, no para los enfermos"
Sin embargo, el Gobierno municipal de Fuenlabrada se mantiene firme en su negativa y ha lanzado un argumento contundente: la rebaja fiscal no repercutiría en los ciudadanos, sino en el beneficio neto de la empresa constructora.
Fuentes municipales explican que la obra fue adjudicada por la Comunidad de Madrid a una empresa privada por un valor aproximado de 11,1 millones de euros. En el pliego de condiciones del contrato se especifica claramente que la empresa adjudicataria debe hacerse cargo de todas las licencias e impuestos. Por tanto, según el Ayuntamiento, perdonar más de 100.000 euros de impuestos no ayudaría a los enfermos, sino que aumentaría el margen de beneficio de la constructora con dinero público de los fuenlabreños.
Desde el Consistorio defienden que sus bonificaciones están diseñadas para llegar directamente al vecino, como ocurre con la rehabilitación de fachadas, donde el ahorro en el ICIO lo perciben las comunidades de propietarios. En este caso, argumentan, la beneficiaria exclusiva sería una entidad privada con un contrato millonario ya cerrado.
La pelota, en el tejado de la Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento también ha señalado una alternativa que podría haber evitado el conflicto: la Comunidad de Madrid tenía la potestad de declarar la obra de "interés regional", una fórmula administrativa que habría eximido automáticamente el proyecto del pago del impuesto. Al no haberlo hecho, el Gobierno local insiste en que no hay razón para que el municipio renuncie a unos ingresos que la empresa ya tiene presupuestados pagar.
Con las posturas totalmente enfrentadas, la construcción del centro de protonterapia avanza en medio de este "choque de trenes" donde se debaten dos visiones: la del PP, que ve un obstáculo a la inversión sanitaria, y la del Gobierno de Fuenlabrada, que ve un intento de favorecer intereses privados a costa de las arcas municipales.