La redacción aún está en fase embrionaria, por lo que no se espera que se conozca un texto con detalles hasta bien entrado 2024. El texto contemplará la simplificación de procesos y plazos, así como la flexibilización en la calificación de usos, lo que permitirá dotar de mayor agilidad el proceso de planeamiento y construcción de suelos. Además se busca conseguir un urbanismo con mayor autonomía municipal, donde la ordenación detallada sea propia del municipio debiendo en todo caso encajarse con la ordenación del territorio.
Se trata de una ley que busca una mayor agilidad para que ese suelo se ponga a disposición tanto de la Consejería de la Vivienda como del sector privado. Se debe poner suelo en oferta ante la escasez de vivienda para que se construya más. También hay que poner suelo para las energías renovables.
La nueva ley se centrará especialmente en flexibilizar los usos del suelo público al que no se le da salida porque tiene un uso específico, en su mayoría industrial o terciario. Lo que promoverá el Gobierno regional es facilitar a los ayuntamientos que esos terrenos puedan modificar el uso para promover proyectos beneficiosos, necesarios o con un fin social.
Desde el gobierno regional apuntan a que así se podrían levantar dotaciones públicas como polideportivos, colegios, centros de salud, centro culturales o viviendas sociales. Lo que requiera cada municipio.
La Comunidad de Madrid defiende que la puesta a disposición de mayor cantidad de metros cuadrados para construir vivienda, además de dinamizar la economía, desencadenará una bajada de los precios de los pisos al haber más oferta en el mercado.
En los últimos 20 años la actual ley del suelo ha sufrido 18 modificaciones, la última de ellas en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, más conocida como ley ómnibus. Por ello, la idea de la nueva ley es aglutinar todos estos cambios en nuevo texto actualizado que permita a los ayuntamientos poder tener más margen de actuación en su suelo y que los usos de este no estén tan pormenorizados.
