Montoro, imputado por corrupción: Hacienda bajo sospecha por favores a empresas gasistas
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sido imputado por un juzgado de Tarragona junto a otros 27 investigados en una trama de corrupción que, según la instrucción judicial, habría operado desde el corazón del Ministerio de Hacienda. La acusación sostiene que Montoro favoreció reformas fiscales a medida de empresas energéticas a cambio de pagos a su antiguo despacho, Equipo Económico, en una maniobra que entrelaza intereses públicos y privados.
La investigación se remonta a 2018, cuando una causa sobre prácticas empresariales en Messer Ibérica reveló correos comprometedores. A partir de ahí, el sumario destapó un entramado de pagos y favores legislativos entre importantes compañías gasistas (como Air Liquide, Praxair, Abelló Linde y otras) y el despacho fundado por Montoro, del que este se desvinculó formalmente al llegar al cargo público.
Según el juez instructor, las empresas abonaron más de 780.000 euros al despacho entre 2011 y 2019, mientras obtenían beneficios fiscales mediante reformas del impuesto eléctrico y del IAE. Los fiscales creen que esas leyes fueron “redactadas a medida” por los propios beneficiarios y tramitadas por altos cargos afines a Montoro.
Además, la Guardia Civil ha identificado un posible entramado de 16 sociedades instrumentales con ramificaciones en Luxemburgo, Irlanda, Panamá y EE. UU., presuntamente utilizado para desviar millones de euros en beneficios obtenidos ilegalmente.
Desde el PP, Montoro se ha dado de baja como militante tras conocerse su imputación. Sin embargo, el silencio inicial del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha despertado críticas en el Congreso, con el PSOE y Sumar reclamando explicaciones y anunciando una comisión parlamentaria de investigación. Vox, por su parte, se ha personado como acusación popular.
El caso, aún en fase de instrucción, podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción fiscal desde la transición, con implicaciones profundas en la credibilidad institucional y la relación entre los lobbies empresariales y la administración pública.