- La Consejería de Transporte ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa por no cumplir con los requerimientos del gobierno regional
- Las asociaciones del taxi están divididas: unas piden a la Comunidad más medidas y otras creen que las inspecciones en marcha pueden dar frutos
Uber, la aplicación para pedir un coche con el que realizar un trayecto urbano desde el 'smartphone', ha desembarcado en Madrid. Y el sector del taxi está dividido sobre lo que el gobierno regional está haciendo al respecto: mientras que algunas asociaciones piden al Gobierno regional más medios y contundencia, otras piden tiempo para ver la eficacia de las medidas anunciadas por la Consejería de Transporte. De momento, la Comunidad ha anunciado inspecciones y multas, y ha abierto un expediente sancionador a Uber después de que no presentara en plazo la licencia administrativa para operar. La empresa tiene ahora quince días para hacer alegaciones.
Fue el 23 de septiembre cuando Uber comenzó a operar en Madrid, después de que en abril lo hiciera en Barcelona. Desde antes incluso, las asociaciones del sector han mantenido varias reuniones con la consejería de Transporte. Desde este departamento aseguran que ya se están produciendo inspecciones en la estación de Atocha y en las terminales del aeropuerto: las llevan a cabo los inspectores de transporte en colaboración con la policía municipal. Las multas son tanto para los conductores como para la empresa por cada vehículo que detecten y pueden ir a los 4.000 euros la los 18.000 en caso de reiteración.
Sin embargo, el malestar de algunos taxistas se hizo notar el pasado martes, cuando una manifestación convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid discurrió por el centro de Madrid para pedir al Gobierno regional que frene con contundecia la actividad de Uber. "La empresa sigue trabajando, no se ha inmovilizado ningún vehículo. Reclamamos a la comunidad que pida a Uber la información sobre sus conductores para saber quién está prestando el servicio", afirma el vicepresidente de la Federación, Jesús Fernández.
Sin embargo, no todas las asociaciones del sector apuestan por la movilización. "Estamos de acuerdo en el fondo, pero creemos que hay que dejar trabajar a las administraciones, que ya están actuando. No podemos estar parando nuestros vehículos y hacerles de paso publicidad gratuita. Ya habrá tiempo de movilizarnos si no hay resultados", dice el presidente de la Federación Nacional del Taxi, Julio Moreno.
Uber no da detalles sobre por qué no ha presentado la documentación requerida por la Comunidad de Madrid ni si hará alegaciones al expediente sancionador. "Estamos hablando con todos los legisladores pertinentes de una manera abierta y transparente. Mientras tanto, continuaremos sirviendo a nuestros pasajeros y apoyando a nuestros conductores asociados", se limita a una fuente de la empresa.
En lo que sí coinciden las asociaciones es en tachar la actividad de Uber de "ilegal" y advertir de las consecuencias para el sector. "No cumple con los requerimientos de la Comunidad de Madrid, no paga impuestos, hay una serie de incumplimientos de la legislación laboral, y hay falta de garantías, también para los viajeros", apunta Moreno.
La empresa, en cambio, asegura que las condiciones que tienen que cumplir los conductores garantizan el servicio: quien quiera registrarse tiene que aportar documentación personal, incluido un certificado de antecedentes penales, y la información del vehículo. Solo una vez que Uber comprueba los datos, se permite al conductor iniciar su actividad "con total flexibilidad". Del pago de cada servicio, el conductor se queda un 80% y el 20% restante va para la empresa.
"Si con la crisis ya han bajado los servicios y ahora justo vamos a incrementar la oferta nos puede afectar en una cuantía muy importante", señala el vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. No obstante, las asociaciones dicen que aún es pronto para valorar el impacto que Uber está teniendo en el sector.
Fuente: Agencias / eldiario.es
