La Fiscalía exculpa al PP y pide prisión para Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta

27/04/2015 | Víctor Yeray Huéscar | Fn

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han presentado hoy su acusación tras el estudio de la contabilidad B del PP. En ella se exculpa al PP por delito fiscal, mientras que pide 5 años de  prisión para los ex tesoreros del partido, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por apropiación indebida, falsedad documental continuada y contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía también ha pedido año y medio de prisión para Cristóbal Páez, ex gerente del PP, por falsedad documental y contra la Hacienda Pública y otros 3 años y 10 meses para David Urquijo y Belén García, responsables del estudio de arquitectura de la remodelación que llevó a cabo el PP en su sede de la calle Génova.

La Abogacía y Anticorrupción sostienen que el partido se financió ilegalmente entre 1990 y 2008. En estos 18 recibieron en torno a 8 millones de euros. Sin embargo, entonces esto no era delito. Ambos, en cambio, sí han acusado a los dos ex tesoreros del PP de cooperar con parte de esta financiación  en los delitos fiscales de los responsables de la arquitectura en la remodelación de la sede del PP.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía se han basado en su escrito en el criterio de la Agencia Tributaria por el cual los partidos están libres de pagar impuestos por donaciones ilegales.

El juez Ruz, sin embargo, cree que si se incumple la Ley de Financiación de Partidos, se deben pagar impuestos en calidad de ingresos extraordinarios. Pablo Ruz también consideraba en el auto de 190 páginas sobre los papeles de Bárcenas, tener “sólidos y fundados indicios” de una financiación “sistemática de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal” durante 18 años.

El Ministerio Público dice que “del ingreso y gasto de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad” que el partido presentaba ante el Tribunal de Cuentas. Parte de ese dinero se ingresaba en las cuentas de donaciones oficiales del partido en cantidades inferiores a 60.000 euros para no sobrepasar el límite permitido por ley.

El fiscal asegura que los dos ex tesoreros llevaban el control total de las donaciones y los conceptos en que se gastaba ese dinero en unas hojas de contabilidad paralela que cumplimentaba Bárcenas y supervisaba Lapuerta. Todo ese dinero era, según el fiscal Antonio Romeral, “ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido” y se guardaba en una caja fuerte en el despacho de Luis Bárcenas.

Según el fiscal, la contabilidad B del PP ingresó en 2007 542.000 euros y al año siguiente 1,11 millones, de los cuales 888.000 euros se destinaron a la reforma de la sede de la calle Génova. Sin embargo, en la declaración del ejercicio siguiente, Bárcenas consideró que estaba exento de tributar según la ley por esos ingresos ilegales, por lo que no hizo mención alguna sobre ellos.

Hacienda ha remitido dos informes al respecto en los que ha dejado claro que las donaciones, sean o no recibidas a través de flujos ajenos a la ley, no se tributan. No obstante, el juez Ruz quiso pedir a Hacienda la elaboración de un informe bajo la premisa de que las donaciones ilegales pagan el impuesto de sociedades.

Según este informe pedido por el juez, la cuantía del dinero defraudado ascendería a 220.000 euros. En este mismo informe, sin embargo, el perito que firmaba el informe, elaboraba por su cuenta la operación a través de otra fórmula, según la cual la cantidad defraudada sería de 25.630 euros. Esta es la cifra en la que se ha basado el fiscal para exculpar al PP, ya que se encuentra por debajo del umbral para considerar un delito fiscal.

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