Según datos de la Fiscalía de Seguridad Vial

La Comunidad registró más de 10.000 condenas por delitos de tráfico en 2018

La Comunidad de Madrid registró en 2018 10.407 condenas por delitos contra la seguridad vial, la cuarta región donde más hubo, solo superada por Cataluña (20.151), Andalucía (15.169) y la Comunidad Valenciana (10.779).

Se han presentado este martes los datos de las sentencias condenatorias dictadas por delitos contra la seguridad vial han aumentado en 2018 un 9 por ciento en el conjunto nacional, con un total de 89.264 condenas frente a las 81.951 del año pasado.

Esta cifra representa el 34 por ciento del total de las pronunciadas por los tribunales por toda clase de delitos en España, cuando el año pasado suponían el 32 por ciento.

Del total de condenas por delitos de tráfico, 56.173 corresponden a delitos relacionados con el consumo de alcohol y drogas al volante, es decir, un 62,9por ciento. Esta cifra supone un aumento de cerca del 10 por ciento con respecto a las condenas de 2017 (51.085). El año pasado aumentaron un 1 por ciento con respecto al ejercicio anterior y en los años previos incluso descendieron entre el 3 y el 10 por ciento.

Igualmente, subieron los expedientes administrativos por consumo de alcohol y drogas al volante, pasando de 107.475 en 2017 a 124.535 en 2018. No obstante, este incremento viene motivado por el aumento "exponencial" de los expedientes por drogas, que pasaron de los 32.045 de 2017 a los 51.126 en 2018, alcanzando así el techo más alto desde 2012. Si bien aumentaron también (un 55%) los controles de drogas a conductores, hasta alcanzar cerca de 140.000.

Por el contrario, los expedientes administrativos por alcohol descendieron a 73.409 frente los 75.430 que hubo en 2017, aunque se produjeron más controles, hasta 5,5 millones.

Por exceso de velocidad se dictaron 450 sentencias, una cifra muy similar a la del año pasado (445), aunque los procedimientos penales y administrativos incoados sumaron 2,58 millones, lo que supone el 9,61 por ciento del censo de conductores.

El Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, vincula estos aumentos en el "mayor esfuerzo" puesto en materia de prevención, es decir, en los controles. En este sentido, ha recordado que envió un oficio a policías y guardias civiles instándoles a centrar el foco en este punto, ya que "cuantos más controles de alcohol, drogas y velocidad, mejor", pues "salvan vidas".

También han aumentado en cerca de 14.000 los procedimientos incoados, pasando de 96.303 en 2017 a 110.654 en 2018, lo que supone un incremento del 15 por ciento y un cambio de tendencia con respecto a los tres últimos años. Los escritos de acusación presentados por el Ministerio Fiscal también han aumentado, pasando de 76.260 a 86.452, es decir, un 13 por ciento.

Según ha destacado el fiscal, alrededor del 90 por ciento de las casi 90.000 condenas por delitos viales fueron dictadas de conformidad, lo que ha permitido el cumplimiento inmediato de las 60.532 penas de privación del derecho a conducir y 1.949 pérdidas de vigencia del permiso impuestas en 2018, así como el pronto cumplimiento de buena parte de las 60.000 penas estimadas de multa y 24.068 penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Además, sigue siendo muy elevado el porcentaje de procedimientos que terminan con sentencia de condena, con un 80 por ciento. Si a la cifra de sentencias condenatorias, se suman las absolutorias y autos de archivo, se llegaría a tasas de resolución muy próximas a la igualdad entre procedimientos incoados y resueltos.

Igualmente, el 74,32 por ciento de los procedimientos iniciados y el 84,53 por ciento de las acusaciones formuladas por los delitos viales de peligro lo han sido a través de los trámites de Juicio Rápido, porcentajes ligeramente superiores a los de años precedentes.

En líneas generales, el fiscal ha valorado positivamente este aumento de procedimientos iniciados por delitos contra la seguridad vial, así como de condenas, ya que significa que "se han detectado más delitos" y "se han reducido las cifras de impunidad". "Es una señal de mayor eficacia", ha resumido Vargas, que ha destacado en este sentido el trabajo que realiza la Policía, Guardia Civil y policías autonómicos en las carreteras.

Según ha expuesto el fiscal, en la actualidad hay en las cárceles españolas 1.224 internos por cometer exclusivamente un delito de tráfico, que se suman a los 3.940 que están en prisión por cometer varios delitos, en los que aparece añadido un delito relacionado con la seguridad vial. Según ha destacado Vargas, la mayoría de los 1.224 presos son multireincidentes.

Así, el total de delitos viales cometidos por estos más de 5.000 presos ascendería a 6.607. Esto significa que hay una alta reincidencia en esta clase de delitos, lo que resulta "revelador" para la Fiscalía, lo cual ha motivado su estudio en el ámbito penitenciario.

Otro dato dado a conocer por el fiscal es que en 2018 hubo 24.068 condenas de trabajos en beneficio a la comunidad, un número que según Vargas es "muy elevado" pero a la vez importante para cumplir con el derecho de reinserción de los condenados.

En este sentido, Vargas ha destacado el importante papel de la reinserción de los condenados por delitos relacionados con la seguridad vial, para lo que ha mencionado los dos programas diseñados por Instituciones Penitenciarias para tal motivo: TASEVAL, taller de sensibilización; y PROSEVAL, programa psicoeducativo dirigido a aquellos condenados por delitos más graves.

Durante el pasado año, 4.513 personas iniciaron el cumplimiento de su pena de trabajo en beneficio a la comunidad a través de TASEVAL, mientras que en los seis primeros meses de este 2019, un total de 2.697 han pasado por este taller.

Respecto a PROSEVAL, 807 personas iniciaron el cumplimiento del programa en 2018, mientras que en lo que va de 2019 el número de personas que han iniciado el programa es de 621.

Todo ello pone de manifiesto, según el fiscal, que en 2018 el 22 por ciento de las penas de trabajos en beneficio a la comunidad se han cumplido a través de estos dos programas viales específicos, "lo que significa un indudable avance en la reinserción de los que han cometido delitos contra la seguridad vial".

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