La Comunidad de Madrid ha trasladado al Defensor del Pueblo que estudia su petición de incluir de forma "explícita" a las víctimas de violencia de género como colectivo exento del pago de las tasas universitarias.
Así lo indica la institución que dirige Francisco Fernández Marugán en el informe sobre la actividad del Defensor del Pueblo durante el año pasado y tras examinar el caso de una queja presentada por una universitaria al respecto.
En este sentido, desde la Consejería de Educación señalan a Europa Press que se recibió esta sugerencia del Defensor del Pueblo y se trasladó que se estudiaría la propuesta, pues en caso de articularse implicaría la modificación del decreto que regula los precios públicos que deben abonar los universitarios, donde se recoge los supuestos en los que se pueden aplicar bonificaciones y exenciones.
Por su parte, el Defensor del Pueblo señala que la condición de víctima de violencia de género ha sido recogida como causa de exención del pago de precios públicos académicos en al menos diez distritos españoles (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Navarra, entre otras) pero "no así en las universidades" de la Comunidad de Madrid, pues "ninguna de ellas recoge en sus normas propias la exención o bonificación aplicable a las matrículas de los estudiantes víctimas de violencia de género".
A su vez, apunta que el decreto regional por el que se establecen los precios públicos universitarios de esa comunidad, entre las exenciones que contempla se encuentran las aplicables a los alumnos en función de su pertenencia a diversos colectivos, como ser miembro de familia numerosa, las víctimas del terrorismo y los estudiantes con discapacidad, pero "sin mención alguna a las exenciones aplicables a las víctimas de violencia de género".
"Si bien la comunidad autónoma reconoce ayudas económicas de pago único para estas víctimas, lo cierto es que se trata de ayudas ligadas a empadronamiento o a la necesidad de acreditar rentas muy escasas o dificultades para obtener un empleo y son, además, incompatibles con otras ayudas, lo cual no garantiza el derecho a la asistencia social integral de estas víctimas que proclama la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género", relata el Defensor del Pueblo.
En este punto, el Defensor del Pueblo explica que una alumna de la Universidad Complutense presentó la queja y hacía referencia a la existencia de un convenio entre dicha universidad y la comunidad autónoma para la financiación de la compensación de precios públicos de matrícula en estudios oficiales y que "priorizaba las solicitudes realizadas por víctimas de violencia de género sin que, hasta el momento, la citada universidad lo hubiera contemplado en sus normas internas".
El Defensor del Pueblo recomendó por ello, tanto a la entonces Consejería de Educación como al Rectorado de la Complutense, que se reconociera "de forma expresa" la condición de víctima de violencia de género en la normativa que anualmente fija los precios públicos por servicios académicos, la exención o bonificación.
En su respuesta, la Consejería indicó que iba a "estudiar" el establecimiento de la exención o bonificación propuesta por el Defensor del Pueblo, analizando "el alcance y los recursos necesarios para tal fin", según relata el Defensor del Pueblo.
