Jaume Matas sale de la cárcel tras cumplir su pena de nueve meses

Jaume Matas, expresidente de Baleares y exministro del Gobierno de José María Aznar, ha salido esta semana de la cárcel de Segovia, pocos días antes de que se cumplan —el 28 de abril— los nueve meses de condena por corrupción política. El Tribunal Supremo diluyó la primera sentencia de la Audiencia de Palma, de seis años de reclusión y le mantuvo el delito de tráfico de influencias, por el que ha penado.

Matas había entrado en prisión por una primera pieza, de la decena que se le han imputado por el caso Palma Aren y por los pagos ilegales al redactor de sus discursos, Antonio Alemany. La Audiencia de Palma ordenó su ingreso en prisión, al negarle la posibilidad de permutar de la pena por trabajos para la sociedad y, anteriormente, mediante el pago de una compensación económica. El caso, dijo la sala, fue "muy grave", causó "enorme desazón" ciudadana y Matas no asumió el delito ni se exculpó.

Su vida en prisión se ha basado en permanecer siempre en las dependencias de la enfermería de la cárcel de Segovia, a causa de su profunda sordera bilateral sobrevenida en la última década y de la que fue intervenido de nuevo en los últimos meses en Madrid gracias a un permiso penitenciario especial.

En este período de nueve meses de reclusión el exlíder del PP balear ha comparecido como imputado, por vídeo conferencia ante el juez José Castro, por un caso de supuesta corrupción ligada a las concesiones de obras del Gobierno balear y presuntos pagos de comisiones al PP.

Matas ha intentado, a través de su defensa, mantener abierta una vía de negociación con la Fiscalía Anticorrupción para intentar minorar la posible carga penal que le espera. En el juicio del caso Nóos tiene una petición de condena de 11 años de cárcel y ya está en lista de espera el próximo juicio del caso de la Ópera de Calatrava, no construida. En definitiva, que haya salido de la cárcel no significa que su deuda con la Justicia haya acabado, aún le quedan muchas explicaciones que dar.

Fuente: El País

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