Griñán se desentiende de la gestión de los ERES

  • El expresidente de la Junta de Andalucía y senador José Antonio Griñan ha negado ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro haber conocido los informes de Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían de irregularidades en los ERE fraudulentos y desvinculándose así de la gestión de los gastos en ayudas socio-laborales. Y que, cuando la Junta detectó esas irregularidades, las llevó a los tribunales.

Así lo han señalado fuentes presentes en la declaración al término de la misma, que se ha prolongado por espacio de unas cuatro horas durante las cuales el expresidente se ha expresado en términos muy técnicos a las preguntas que le ha realizado el instructor. No ha contestado a las preguntas que le ha hecho la acusación particular en representación de Manos Limpias y el PP-A.

Las mismas fuentes han señalado que a lo largo de su intervención Griñán ha distinguido entre la gestión de los presupuestos, que sí era de su competencia y respecto a la cual ha defendido el uso de las denominadas "transferencias de financiación" como instrumento para arbitrar las ayudas de lo que supuso la gestión del gasto, que no era de su responsabilidad sino de las consejerías afectadas.

En el alto tribunal Griñán reconoció que lo que ocurrió con las ayudas a empresas en la Comunidad que él gobernó fue “una barbaridad” y que “todas esas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal”.

Durante el interrogatorio, Griñán se descargó de responsabilidad tanto en su etapa como consejero de Hacienda (de 2004 a 2009) como en la que ocupó la Presidencia (de 2009 a 2013). No señaló a ningún cargo de la Junta (“no me corresponde atribuir responsabilidades”, dijo), pero sus respuestas focalizaron la culpa en la Consejería de Empleo, que en esos años estuvo dirigida primero por Viera y después por Antonio Fernández, al que Alaya mantuvo cuatro meses en prisión por este caso. En Empleo apuntó, sobre todo, al “órgano gestor”, la Dirección General de Trabajo, al mando de la que estuvo casi una década Francisco Javier Guerrero, el alto cargo que concedió la mayoría de las ayudas irregulares.

Al final de su intervención ha explicado que su dimisión obedeció a no querer perjudicar al PSOE ni a la Junta de Andalucía y que defiende que el sistema de ayudas era legal.

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