Fiscalía da por probada la existencia de una 'caja B' en el PP

  • El fiscal pide penas ejemplarizantes para Bárcenas y la trama de Gürtel
  • La pena más alta solicitada es para Francisco Correa, más de 110 años

La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer en la Audiencia Nacional un duro escrito de acusación en el que reclama una condena total de 52 años y medio de prisión para tres ex tesoreros del Partido Popular. La mayor parte de la pena se la llevaría Luis Bárcenas, para quien el Ministerio Público reclama 42 años y medio, además de inhabilitación, por seis delitos distintos: cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal.

El escrito de acusación contra 41 imputados que se sentarán en el banquillo del primer juicio del 'caso Gürtel' afecta, además, a otros dos ex tesoreros: Álvaro Lapuerta (con quien Bárcenas fue gerente antes de sucederle) y Ángel Sanchis (responsable de finanzas con AP y quien llevó a Bárcenas al área económica del partido). Para Lapuerta, la Fiscalía pide tres años por apropiación indebida. Para Sanchis, ocho años por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental.

La actividad delictiva de Lapuerta y Sanchis está directamente relacionada con la ayuda prestada a Bárcenas. En el caso de Lapuerta, le habría permitido hacerse con parte del dinero B del Partido Popular, mientras que Sanchis le habría ayudado a poner a salvo parte de su fortuna suiza tras estallar el caso Gürtel.

En el caso de Bárcenas, más de la mitad de la pena proviene de los ocho delitos fiscales que le atribuye Anticorrupción, cada uno de ellos castigado con tres o cuatro años. El delito con más pena es el de blanqueo: seis años. Las reglas del Código Penal indican que el tiempo efectivo de cumplimiento no puede superar el triple de la pena más alta impuesta. Así pues, si la Audiencia condenara tal y como pide la Fiscalía, Bárcenas podría pasarse hasta 18 años entre rejas.

El escrito se dirige también directamente contra el propio Partido Popular. No como acusado, pero sí como partícipe a título lucrativo, ya que el fiscal entiende que, aunque no participó en el delito, sí se benefició de los apaños entre la trama corrupta y dos de sus alcaldes madrileños: Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón) y Guillermo Ortega (Majadahonda). A cambio de adjudicaciones, ambos lograron de Gürtel dinero para sus campañas como candidatos populares.

«De este modo se eludió el control del Tribunal de Cuentas de los verdaderos fondos destinados a las campañas electorales y su origen», dice el escrito. Anticorrupción considera que, «como mínimo», el beneficio para el PP ascendió a 245.492,80 euros que exige que el partido devuelva.

En la misma situación que al PP coloca a la ex ministra de Sanidad Ana Mato, ex mujer de Sepúlveda. También ella se benefició de las atenciones de Gürtel a su familia y debería devolver los beneficios que obtuvo en regalos, viajes, fiestas familiares (cumpleaños y comuniones) pagadas por la trama.

En concreto, Anticorrupción reclama a Ana Mato 28.467,53 euros, cifra que corresponde a los «regalos y servicios turísticos de los que fue personalmente beneficiaria», además del 50% de los regalos de los que fueron beneficiarios sus hijos. En cuanto a su ex marido, la Fiscalía cree que Sepúlveda debería ser condenado a 15 años y cuatro meses de prisión. Para Ortega, el otro alcalde popular con campaña a cargo de Gürtel, la pena es mucho más alta: 50 años y siete meses.

Las repercusiones en el PP del escrito de acusación con el que la Fiscalía se presentará a juicio van más allá de la actuación personal de los ex tesoreros. La Fiscalía da por confirmada la existencia de una Caja B en el partido, una contabilidad paralela opaca que manejaron Lapuerta y Bárcenas. El Ministerio Público habla de «una contabilidad paralela o Caja B del Partido Popular gestionada por ambos acusados que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas».

Esa Caja B era manejada por Bárcenas y Lapuerta en beneficio del partido... pero no sólo. El delito de apropiación indebida que se atribuye a los dos ex tesoreros se debe a que, según la Fiscalía, Bárcenas de apropió de al menos 300.000 euros del dinero B del PP.

Según el escrito, los primeros 150.000 se los llevó entre 2001 y 2003 y acabaron, con el «consentimiento» de Lapuerta, en una cuenta que Bárcenas tenía en el Dresdner Bank suizo.

En 2005, otros 149.000, que sirvieron inicialmente para comprar acciones de Libertad Digital, fueron a parar al bolsillo de Bárcenas y su esposa. Esta vez no fueron a Suiza, sino que se quedaron en España y sirvieron para pagar la casa del matrimonio en Baqueira. Este último movimiento también habría sido consentido por Lapuerta, lo que le vale a éste sus tres años de prisión.

La lista de políticos populares acusados incluye al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, cuya solicitud es de 46 años de prisión. Sus actividades corruptas las habría desplegado tanto en la Comunidad como en su etapa anterior como concejal de la capital.

Entre los acusados ilustres también se cuenta el ex diputado del PP Jesús Merino: tres años y nueve meses. Para el ex concejal popular de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote la petición es de 14 años y siete meses de prisión.

A finales de noviembre, el juez Pablo Ruz dictó el auto en el que mandaba al banquillo a 43 imputados (luego a uno se le retiró por prescripción y, en su escrito de ayer, la Fiscalía ha dejado caer a otro por el mismo motivo) y daba un plazo de un mes a las acusaciones para presentar sus escritos. Así lo hizo ayer Anticorrupción y lo harán en breve el resto de partes (entre ellas el Partido Socialista).

Luego será el turno de que las defensas presenten sus escritos, después de lo cual Ruz enviará los documentos de acusaciones y defensas a la Sección Segunda de lo Penal, que será la encargada de celebrar el juicio.

La vista oral respecto a la parte de la investigación que Ruz ha denominado «Época I: 1999-2005» será sólo la primera, porque el juez sigue instruyendo lo referido a los años posteriores para un segundo juicio en el que volverían a estar algunos de los acusados en éste, entre ellos la cúpula de la trama y el ex tesorero Bárcenas.

Fuente: elmundo

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