Tras conocerse el acuerdo alcanzado esta tarde entre la CUP y la coalición Junts x Si, en el que Artur Más renuncia a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat, y proponen a Carles Puigdemont, alcalde de Gerona y presidente de Municipios por la Independencia, el Gobierno de España ha emitido un comunicado desde la Moncloa recordando que todos debemos respetar la Ley y recordando que garantizará que ésta se respete en Cataluña.
Comunicado del Gobierno
Ante el acuerdo de última hora alcanzado por dos grupos del Parlamento de Cataluña de cara a la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de España quiere recordar que todos estamos sometidos al imperio de la Ley y más aún aquellos a quienes se les encomienda la representación de las instituciones.
Las instituciones autonómicas catalanas encuentran su legitimidad en la Constitución Española, que es la que ha garantizado el mayor nivel de autogobierno de la historia de Cataluña recogido en su Estatuto de Autonomía. No hay mayoría parlamentaria que pueda amparar o justificar actos ilegales o, menos aún, la pretensión de romper la soberanía nacional expresada en la Constitución.
El Gobierno de España garantiza que la Ley se respetará y que todas las instituciones cumplirán con su deber, como han venido haciendo hasta ahora, en defensa de la soberanía nacional y de los derechos y libertades de todos los españoles, también de los que viven en Cataluña. En este sentido, quiere recordar que el pasado 2 de diciembre el Tribunal Constitucional ya acordó, por unanimidad, declarar nula por inconstitucional la Resolución I/XI del Parlamento de Cataluña.
El Gobierno quiere hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los dirigentes de Cataluña para que pongan fin a la estrategia de división y fractura de la sociedad catalana, y dediquen sus esfuerzos a buscar solución a los problemas de los ciudadanos en vez de generar nuevas tensiones.
Asimismo, quiere trasladar a las distintas fuerzas políticas la necesidad de que el próximo Gobierno de España cuente con una amplia base parlamentaria que garantice la estabilidad y la capacidad para defender con solvencia y eficacia el derecho de todos los españoles a decidir sobre su país, y hacer frente al desafío independentista.
