- El Tribunal Supremo resuelve este miércoles el recurso de casación que Coca-Cola Iberian Partners presentó contra la nulidad del despido colectivo que realizó hace más de un año. Desde que se conoció que la empresa norteamericana presentase el recurso, han sido numerosas las manifestaciones de los espartanos de Coca-Cola ante el Supremo en contra de la reclamación de Coca-Cola Iberian Partners.
A la hora de tomar su decisión, la Sala de lo Social en pleno tendrá ante sí un informe del fiscal que apoya, en parte, las tesis de la empresa ya que rechaza la nulidad del ERE. El escrito, al que ha tenido acceso El País, defiende que el asunto se devuelva a la Audiencia Nacional para que vuelva a decidir, pero solo si el despido fue ajustado a derecho o no.
Sin embargo, este escrito de la fiscal del Supremo, Pilar Barrero, choca con la opinión del fiscal de la Audiencia Nacional que, como parte procesal, impugnó el recurso de la empresa. Para Benito Egido, fiscal de la Audiencia, en consonancia con la posición mantenida en el juicio, el despido colectivo debe ser nulo porque durante el proceso de negociación se conculcó el derecho de huelga, apuntan fuentes sindicales.
El choque entre el fiscal del Supremo y el de la Audiencia
La vulneración del derecho de huelga por prácticas de esquirolaje y, por tanto, del principio de buena fe que debe presidir la negociación del ERE fue una de las causas de nulidad de la sentencia de la Audiencia Nacional. No obstante, para la fiscal del Supremo, no se vulneró el derecho de huelga porque la decisión de la embotelladora de realizar un despido colectivo fue previa a la convocatoria del derecho de huelga y que la decisión de la empresa de cerrar la planta de Fuenlabrada, en la que ha habido mayor conflicto, nada tuvo que ver con la huelga.
Además de este motivo, la fiscal también rechaza que la empresa actuara de mala fe en la constitución de un grupo laboral de empresas, algo que también recogía la sentencia de la Audiencia Nacional.
Fuentes de CC OO y UGT se muestran dispuestas a llegar hasta el Tribunal Constitucional si el fallo de este miércoles fuera contrario a los intereses de los despedidos, ya que, también en su opinión, durante la negociación se vulneró un derecho fundamental como es el derecho de huelga.
Fuente: El País
