Cuatro cargos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, declaran mañana en calidad de querellados ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el proceso en el que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en el concurso sobre el transporte de ambulancias del SUMMA.
En una providencia fechada el 21 de febrero, se cita para el 2 de abril en calidad de investigados al actual viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, al director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual, al secretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso, Luis Javier Fernández, y al director de Gestión del SUMMA, Santiago Cortés.
A su vez, el juzgado también cita en calidad de testigos a cinco integrantes de la mesa de contratación de los expedientes administrativos. También se solicita al querellante que aporte más detalle de la mora en el pago de las facturas por transporte de enfermos programados, para además dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía por si estima oportuno practicar alguna diligencia de investigación.
El pasado 8 de enero el mismo juzgado admitió a trámite la querella presentada por una de las licitadoras al concurso para el traslado de pacientes en ambulancia, al entender que había presunta prevaricación en la actuación de la Consejería, que se decantó por otra empresa para este servicio.
El viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, explicó recientemente en la Comisión de Vigilancia de la Contratación de la Asamblea de Madrid que el juzgado remitió a la Consejería un auto en el que informaba de que la querella interpuesta por Ambulancias Alerta se había admitido a trámite porque reunía los requisitos "formales" para ello, solicitando a su vez que se remitiera documentación sobre el proceso.
Molina recalcó que en ese auto no estaba determinada ni "la naturaliza ni la circunstancias de los hechos requeridos en la querella" e informa de que abre diligencias previas, algo que es el "procedimiento que se sigue habitualmente en estos casos".
Al respecto, Sanidad remitió al juzgado los expedientes correspondientes del contrato para el traslado de pacientes urgentes y programado.
También relató que esta empresa, que anteriormente prestaba el servicio, presentó varios recursos contenciosos-administrativo con el objetivo de "paralizar" que se iniciara ese contrato al entender que presuntamente se incurría en un "ilícito penal", lo que a su juicio supone "prejudicializar" este proceso.
Al respecto, el viceconsejero argumentó que presentaron dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó dos solicitudes de nulidad del proceso de contratación y que tras esa negativa se interpuso la querella contra la Consejería.
En enero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, explicó que el servicio había sido adjudicado a la empresa Ferroser, en un proceso en el que también concurrió Ambulancias Alerta.
A su vez, el diputado socialista Ángel Chamorro llevó esta cuestión a la comisión y trasladó su preocupación por la querella interpuesta por Ambulancias Alerta pues cree que esta situación muestra que los pliegos para el contrato de traslado de pacientes en ambulancia implicaba problemas.
"Nos preocupa y lo veíamos venir", indicó el parlamentario para advertir sobre la elaboración de pliegos que primen las ofertas económicas "a la baja". Por ello, reclamó "más celo" en la elaboración de este tipo de pliegos técnico-económicos.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad indican a Europa Press que la providencia en el marco de las diligencias previas abiertas y reiteran que los procedimientos de los concursos del transporte urgente como programado de ambulancias se hicieron en estricto cumplimiento de la normativa. Al respecto, Sanidad indica que se colaborará con la Justicia en cualquier aspecto que solicite.
