La Comunidad interpone un recurso contra el decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada que paraliza las obras del Centro La Cantueña

Imagen del exterior del Centro Medioambiental La Cantueña
photo_camera Imagen del exterior del Centro La Cantueña

La Comunidad de Madrid ha interpuesto este lunes un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que paraliza las obras del nuevo centro de menores de La Cantueña y solicita como medida cautelarísima la suspensión de esta norma municipal para que puedan proseguir los trabajos.

Este recurso llega después de que la pasada semana anunciara su intención de recurrir "de inmediato" el decreto aprobado por el Consistorio que paralizaba las obras en La Cantueña ante la "absoluta carencia de fundamento" de esta resolución.

Fuentes del Ejecutivo regional explicaron entonces que el artículo 163 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid aplicado por el Gobierno regional "en escrupuloso ajuste a la legalidad" le permite "la ejecución inmediata de las obras por razones de urgencia o interés general", ambas circunstancias que "concurren en este expediente", ya que la legislación obliga a la Administración autonómica, sostienen, "a prestar la atención a los menores que llegan de manera inmediata".

El Ayuntamiento de Fuenlabrada notificó a la Comunidad de Madrid y a la empresa constructora el decreto de paralización, también "inmediata", de las obras de adaptación del centro de menores migrantes no acompañados de La Cantueña,

Según fuentes del Ayuntamiento "no se pueden iniciar obras hasta que este expediente se resuelva y se determine la propiedad de las instalaciones". En este sentido, precisaron que si la Comunidad o la empresa no paralizan las obras, lo "tendrá que hacer el Ayuntamiento" a través de la Policía Municipal.

Por otro lado la Comunidad prevé destinar 6,9 millones de euros para convertir estas instalaciones en un centro para menores migrantes, con 100 plazas iniciales.

Se debe recordar que el Consistorio cedió el centro a la Administración regional hace 20 años para un centro de difusión ambiental. Al incumplirse el convenio, el Ayuntamiento activó la cláusula que le habilita a recuperar las instalaciones.

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