El diputado socialista José Ángel Gómez Chamorro, ha denunciado, tras reunirse con trabajadores de la empresa Alerta, concesionaria del servicio de ambulancias para transporte no programado de la Comunidad de Madrid, que dicha empresa está cobrando servicios a los pacientes sin factura (en B), según ha publicado el Mundo.
Un portavoz de la empresa Alerta, consultado por el Mundo, ha dicho no saber nada, "es como si me hablase en chino" y "no tenemos nada que decir sobre este asunto", declaró tras ser requerido para que diesen su versión ante unas acusaciones tan graves.
Los trabajadores informaron al diputado socialista de la situación en la que trabajan así como del fraude que se está llevando a cabo. Estos mismos empleados le facilitaron imágenes de mensajes enviados por la empresa, donde se les comunica una dirección y el dinero a cobrar (en B) al paciente.
La Comunidad de Madrid, siguiendo la investigación de El Mundo, no tiene conocimiento, de que haya un expediente abierto por esta causa. En realidad, reconoce, que sí existe una 'propuesta de inicio de un proceso sancionador por un traslado del Hospital Ramón y Cajal al de Paraplégicos de Toledo'.
Un portavoz de la Consejería de Sanidad, informa sobre el asunto, que el traslado del paciente estaba fijado para el 24 de octubre. En un primer momento solicita el traslado el hospital y luego, el Summa. Alerta dice que va a cobrar al paciente el transporte, que lo tiene que pagar su aseguradora.
A ese argumento, el Summa le aclara que ese cobro es una cuestión que les compete a ellos, que ya se entenderían con la aseguradora, ya que entienden que el servicio está dentro del contrato adjudicado. Finalmente, el servicio no se presta, y sabemos que al día siguiente se realiza el traslado por la misma empresa con un coste para el paciente de 180 euros, afirma el portavoz de la Consejería.
También aseguran desde el Gobierno regional que no es la primera vez que han tenido quejas del servicio de esta empresa. De hecho, dicen que el pasado verano se le abrieron hasta siete expedientes por retrasos en el servicio y, incluso, en algún caso por no ofrecerlo, por un total de 12.000 euros.
El diputado socialista reclama una investigación urgente por parte de la Consejería de Sanidad acerca de este asunto y una revisión de los criterios de las condiciones en los concursos que convoca esa consejería.
A tal efecto los socialistas han registrado una pregunta al consejero sobre esta cuestión y han pedido su comparecencia en la Comisión de Vigilancia de la Contratación. "Si los hechos de los que vamos teniendo conocimiento se confirman, estamos ante una estafa pública en toda regla", han precisado.
