- Chaves, Zarrías y Viera dejan sus escaños del Congreso tras ser imputados por los ERE.
- Se les imputan presuntos delitos de prevaricación administrativa y conspiración de silencio.
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia andaluz Gaspar Zarrías y el exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera han anunciado hoy su decisión de renunciar a sus respectivos escaños en el Congreso tras conocer que el Tribunal Supremo les ha imputado en el caso de los ERE fraudulentos de la administración andaluza, por presuntos delitos de prevaricación administrativa.
Así lo anunciaba en el Congreso el secretario de Organización del PSOE, César Luena, "Me han comunicado que ponen sus actas a disposición de la dirección del partido y por tanto el partido las acepta". Hemos aceptado sus renuncias y ha recalcado que de esta forma el PSOE cumple el compromiso que había adquirido de que dejarían sus escaños si el Supremo les imputaba.
Un gesto que les honra
Con gestos de preocupación se ha visto a los dirigentes del partido socialista, tras conocer la imputación de Chaves y Griñan por el TS. El 'número dos' del PSOE ha recordado ante los medios que éste fue el compromiso del partido y así se ha cumplido. De hecho, ha explicado que no ha hecho falta que la dirección del PSOE les pidiera la renuncia porque ellos se han adelantado pero ha aclarado que, en caso de que no hubiera sido así, se lo hubieran exigido y lo ha calificado como "Un gesto que les honra".
El Tribunal Supremo imputa y procede contra Chaves y Griñán por prevaricación administrativa en el caso de los ERE
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha decidido este jueves continuar el procedimiento abierto contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves al estimar que existen indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.
El juez ha abierto una doble vía, instando por un lado el suplicatorio de Chaves y de los también aforados José Antonio Viera -al que también imputa malversación de fondos públicos- y Gaspar Zarrías, ambos diputados, y dejando fuera del procedimiento a la exconsejera y senadora Mar Moreno, en la que no encuentra delito.
Por otro lado, y tras perder Griñán su condición de aforado, el instructor eleva a través de un auto los indicios recabados en su contra y solicita que, por razones de conexidad, siga siendo enjuiciado junto con el resto de aforados.
Así, para Chaves, Viera y Zarrías el juez eleva una exposición motivada a la Sala que admitió en caso, que actuará de mero correo para que tramite el preceptivo suplicatorio ante el Congreso de los Diputados, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos. La citada Sala no puede cuestionar el contenido de dicho escrito y simplemente lo hará llegar a la cámara baja.
En el caso de Griñán, el magistrado motiva a través de un auto los indicios recabados contra él por los que se le imputa el delito de prevaricación, al que le considera presunto coautor y por tanto desde el punto de vista sustantivo material debe ser enjuiciado conjuntamente con los restantes aforados. Este auto puede ser recurrido por la defensa del expresidente andaluz, han señalado fuentes del alto tribunal.
Falta de control en las subvenciones
En su exposición el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza en primer lugar el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía.
El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.
Modificación arbitraria de los presupuestos
Una vez que se ha detallado la mecánica establecida para conceder las ayudas socio laborales el juez recoge las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación.
Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias ya que según el juez, "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del consejo de gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado". Es decir, se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas.
Fuente: Agencias / europapress
