Con esta decisión, la Comunidad de Madrid asegura disponer del importe necesario para hacer frente al pago de la misma desde el 1 de enero de 2021, aunque el montante total previsto para todo el próximo año en los presupuestos generales que siguen prorrogados asciende a 166,9 millones de euros.
La Renta Mínima de Inserción es una prestación económica regulada por la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, y el Decreto 126/2014, de 20 de noviembre. Se considera un derecho subjetivo que la Comunidad de Madrid garantiza a toda persona que la solicita y acredita los requisitos establecidos en las normas regulatorias para su concesión. Su importe varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de sus recursos económicos. Así, una persona que viva sola y sin ingresos percibiría 400 euros al mes, dos personas 512,67 euros y tres personas 587,78 euros, hasta 950 euros, que es la cantidad máxima a percibir.
Esto se debe a que el carácter subsidiario de la RMI, reconocida por ley como un derecho para las personas que no reciben ningún tipo de ingresos ni tienen reconocido el derecho a percibir ninguna ayuda desde otras administraciones, obliga a todos sus perceptores a solicitar el IMV.