Ayer contábamos cómo habían transcurrido las dos primeras sesiones de uno de los juicios de la década: el caso Gürtel en Valencia y más concretamente la pieza tres que trataba la contratación y las supuestas adjudicaciones irregulares en Fitur a favor de Orange Market.
La estrategia a seguir por los acusados era buscar el aplazamiento para así consultar las pruebas y así profundizar en sus futuras estrategias, finalmente, lo han logrado: el juicio se aplaza hasta el próximo 11 de junio, pasadas ya las elecciones municipales y autonómicas.
A su vez, ex políticos claves de la gestión valenciana evitan declarar en plena campaña electoral como es el caso de las ex conselleras de Francisco Camps acusadas, Milagrosa Martínez -conocida como La Perla- y Angélica Such.
La reciente presentación de nuevas pruebas era la baza a seguir por las defensas de los acusados que pedían una prórroga de seis meses. Tras poco más de 40 minutos de deliberación, el tribunal que les juzga decidió suspender las vistas hasta el 11 de junio, fecha en la que está prevista la constitución de las Cortes, para así "garantizar al máximo" el Derecho de defensa, evitar futuras nulidades y asegurar que ninguna de las partes juega con ventaja con el fin de permitir "un más profundo estudio del material probatorio que pueda haber en otros órganos judiciales".
El TSJ, pues, se inclinó ayer por la opción más conservadora y prudente, sobre todo, por las exigencias del Tribunal Supremo a la hora de proteger el Derecho de defensa de los acusados. Y como la sentencia de Fitur, sea cual sea, acabará en el Alto Tribunal el TSJ parece que optó por la prudencia para evitar que el Supremo declare nulo el juicio dentro de un año, obligue a repetirlo o, lo que sería aún más grave, que si hay condenados resulten absueltos por la vulneración de derechos fundamentales.
