Junto con siete concejales de la Junta de Gobierno

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, procesada por indicios de prevaricación administrativa

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez que instruyó el denominado caso ITV que procese a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, junto a siete concejales, al considerar que no se puede descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. en una comparecencia ante los medios de comunicación
photo_camera La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. en una comparecencia ante los medios de comunicación

Los magistrados de la Audiencia Provincial han acordado que se revoque el auto dictado en marzo de 2022 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles y ordenan al Juzgado Instructor que acuerde la transformación de la causa en procedimiento abreviado. Todo ello supone la conclusión de la instrucción penal y el inicio de la fase intermedia de cara a la celebración del juicio.

La Sala entiende que "atendidas las concretas circunstancias concurrentes en el caso no cabe descartar, al menos indiciariamente y en esta fase instructora, la presencia de indicios bastantes sustentadores de ese delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de ulterior calificación por las partes acusadoras".

En un principio la jueza de instancia dictó el archivo del caso al constatar "que en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas".

Todo este procedimiento proviene de la  querella presentada contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, el tesorero municipal y la mercantil IRV Móstoles SL por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.

La querella fue presentada por el grupo Más Madrid Ganar Móstoles, al entender que se habían perdonado tributos a una empresa concesionaria de una ITV en la localidad.

Por su parte la alcaldesa de Móstoles y los siete ediles investigados defendieron la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo y mostraron su confianza en que se archivara el caso. La magistrada subrayó en el auto que no hay delito de malversación en el acuerdo que alcanzó la corporación municipal en relación a la empresa de ITV señalada porque "respeta la legalidad y la normativa vigente". También incidió en su momento que tampoco se está ante un presunto delito de prevaricación, porque, a su juicio, la existencia de informes desfavorables al acuerdo alcanzado "no es motivo suficiente para considerarse que se está en presencia de hechos penalmente relevantes".

 

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